La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten.
Art. 250, Constitución Política de Colombia
Politizar la justicia y mediatizarla es el principal componente de la guerra sucia porque es el primer paso para un régimen totalitario que suprime las garantías procesales. ¿Qué busca el Fiscal General al utilizar una acusación política (neo fascista) en un contexto judicial ante los medios? Generalmente se afronta esta situación con un talante de civilidad: Oídos sordos a palabras necias, indiferencia al insulto y la seguridad de que quien nada debe, nada teme; con trato amable y cordial evitando las provocaciones y aclarando que el debate cortés siempre será bienvenido, la grosería rechazada; lo cual es excelente, pero no basta, porque una civilidad mal entendida, que a veces se parece a la indiferencia, puede neutralizarnos. Cuando despertemos será demasiado tarde. ¿Por qué?
Hay otra estrategia de la guerra sucia que no se discierne, que contamina las conciencias con la confusión sutil de conceptos que hacen carrera en el debate público porque se ignoran la Constitución y las leyes, y porque se instalan en la opinión pública por medio de falacias. Vamos a ilustrarlo.
En la entrevista que el Fiscal General de la Nación concedió a Yamid Amat para El Tiempo el 11 de mayo de 2014, registramos una manipulación en la que se usan palabras que casi carecen de contenido objetivo, PERO QUE ESTÁN CARGADAS DE CONNOTACIONES DE DESAPROBACIÓN SOCIAL como pueden ser neo fascista o hacker. Cada quien se imagina lo que esto significa; pero el Fiscal las ofrece como si tuvieran un carácter objetivo tipificándolas como delito. ¿Se tienen que adaptar los delitos a los prejuicios del Fiscal? La imputación de cargos de la Fiscalía, ante el juez, fue la de “violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos y espionaje,” delitos que deben corresponder a acciones objetivas probadas. Pero ante un medio de difusión, peligrosamente asocia el Dr. Montealegre las percepciones de ‘hacker’ con la de ‘ideólogo neofascista,’ y en relación con Sepúlveda, dice: “sobre el cual el país tiene que abrir los ojos. Estamos viendo muy peligrosamente el surgimiento de grupos neofascistas.” Es decir, la Fiscalía con una mano acusa de acuerdo con las leyes y con la otra incita al linchamiento mediático; no hay garantías para el imputado. Por otra parte, Wikipedia define: “El neofascismo usualmente incluye el nacionalismo, las políticas antiinmigración, el populismo, el conservadurismo religioso y social, la xenofobia; o donde es relevante, el nativismo, el anticomunismo y la oposición al sistema parlamentario y a la democracia liberal.” Estos son los elementos ‘objetivos’ de la definición de neofascismo. ¿Los ejerce Sepúlveda? ¿Son estos elementos un delito?
En cuanto a ‘hacker’, aunque generalmente se le asocia con delitos informáticos, al respecto hay una controversia, pues el hacker sombrero blanco, o hacker ético, protege el bienestar social con sus conocimientos y destrezas informáticas. En el 2002 el venezolano Sergio Hernández desmanteló más de 2500 páginas de pedofilia alrededor del mundo en menos de una semana contribuyendo con las unidades especiales de cybercrimen de la Interpol. Si los hackers de las Farc ayudan a sabotear y destruir la sociedad ¿es lícito utilizar sus mismos métodos contra ellos? Esta es la pegunta que plantea Michael Ignatieff en su libro “El mal menor – Ética política en una era de terror” al constatar que, debido a su ética, leyes, constituciones, controles, debate, la democracia está en desventaja frente al terrorismo. En nuestro escenario, si bien es legítima la queja y el reclamo en relación con lo que presuntamente atente contra el ‘proceso de paz’, también son legítimos el reclamo y la acción frente a las fases oscuras de ese proceso y las implicaciones a futuro. Pero el reclamo frente a la presunción de algo indebido no es un delito, pero se le tipifica socialmente como tal: enemigo de la paz. Esa es la falacia sobre la que se basa la campaña santista, y es la misma conducta que exhibe el Fiscal.
Para demostrar que el fiscal no utiliza su sentido de justicia de manera equitativa examinemos las páginas de Anncol. Encontramos titulares como: “JJ Rendón, el Goebbels latino entró en acción. ¿Campaña sucia del Presidente Santos?” “Roberto Prieto, gerente de la campaña de reelección de Santos, es llamado a juicio.” “El Estado como botín” para financiar campañas políticas” escrito el 2 de abril de 2014. En una entrevista de Timochenko con Carlos Lozano, Director de VOZ, éste dice de Santos: cuando no logren algo en la mesa intentarán imponerlo en los medios.”
Frente a Sepúlveda el Fiscal dice: “Hay un grave riesgo contra la institucionalidad colombiana y la democracia cuando un particular asume indebidamente funciones de inteligencia con expresiones antidemocráticas prohibidas por un Estado de derecho.” Pareciera que las expresiones de Sepúlveda, en secreto, llevadas al público por la Fiscalía, tienen más peso que las expresiones de las Farc divulgadas libre y cínicamente en la red y frente a las cuales el Fiscal no ve ningún delito, ni reclama nada como un ataque contra el proceso de paz. ¿Será que el artículo 20 de la Constitución lo maneja el renombrado constitucionalista, de manera selectiva y con interpretación propia de la que se ufana? Dice así: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
Por otra parte, en entrevista con Yamid Amat el 22 de diciembre de 2013, decía el Fiscal: “En una democracia como la nuestra, sobre todo a partir de la Constitución del 91, prevalece el pluralismo en contraposición a la imposición de un pensamiento único.”
Además, distorsiona el Fiscal el sentido histórico para asociarlo negativamente con su ‘target’ político, el Centro Democrático, cuando a la pregunta de Yamid ¿Por qué le llama la atención la posición de derecha de Sepúlveda? responde el Fiscal: “Adolfo Hitler llegó al poder por la vía democrática, utilizando las elecciones para asaltar la democracia y usando medios violentos y guerra sucia.” Sin embargo en su libro “El Tercer Reich”, el reputado historiador Michael Burleigh establece: “un movimiento pseudo-religioso parecía ofrecer la salvación a una Alemania exhausta por la guerra, la depresión y la creciente inflación. El libro muestra las consecuencias de “la desaparición del gobierno de la ley en favor del terror,” es decir, la anomia social; así, cuando en nombre de la paz un Estado débil ignora o perdona todas o casi todas las atrocidades que hayan sido cometidas, estamos exactamente ante las mismas condiciones que hicieron posible a Hitler.
¿Pero puede el Estado colombiano otorgar un perdón judicial efectivo y duradero a los imputados de las Farc? No, porque seguirán siendo reos ante la justicia internacional, mientras pretenden reformas sociales y poder político, lo cual traería consecuencias internacionales desastrosas. Por otra parte, ¿qué papel jugarían los jueces, en relación con las víctimas, en una justicia politizada?
Esta es la ‘guerra sucia’ de alto turmequé, que no se llama así, pero produce los mismos resultados; el sapo servido en el banquete de la entrega en el que los más conspicuos negociadores exhibirán el babero y los cubiertos de plata de Judas. Para que no veamos eso se necesita un reo para exhibir, el exquisito hacker adaptado en bandeja para la ‘Operación Patria boba.’
