En una reciente publicación del portal de noticias “Las2Orillas”, se denunció que en el “Computador de Palacio” existe una lista de congresistas a los cuales el Gobierno les asignó unos cupos indicativos para reparar cientos de kilómetros de vías terciarias por donde nuestros agricultores y ganaderos sacan sus productos al mercado.
En la lista aparecen entre otros, Musa Basaile con 68.000 millones de pesos; Miguel Amín, 26.732 millones; Laureano Acuña, 22.400 millones; Yahir Acuña, 14.000 millones; Efraín Cepeda, 11.650 millones; Karime Motta, 11.000 millones y Alfredo Deluque con 6.000 millones. En total el Gobierno repartió 1 billón 521 mil millones de pesos. Todos los parlamentarios que recibieron esta mermelada sacaron una tremenda votación en las pasadas elecciones al Congreso.
Las inversiones en reparación de vías terciarias son las partidas presupuestales más peleadas por los congresistas, porque es donde mas fácilmente pueden sacar una buena tajada del contrato. En el arreglo de una vía veredal por ejemplo, como no hay pavimento ni concreto, el contratista en vez de echar las 500 volquetadas de tierra que requiere la obra, podría arrojar 50, el resto quedaría disponible para un potencial desvío ya sea en contubernio con el congresista, el alcalde y/o el auditor. Lo mismo sucede con las placa huellas, tuberías, cañerías y cunetas.
Lo grave del asunto es que muchos vigilantes del erario –quienes son sujetos de sobornos- terminan confabulándose con los ordenadores del gasto para tapar el ilícito. Para los auditores no parecieran ser relevantes las cualidades de ética y rectitud para conservar el cargo porque la verdad sea dicha, prima la seguridad que les da hacer el favor del torcido a su padrino político. Lo mismo sucede con un porcentaje significativo de Contralores. Ellos se preocupan más por satisfacer a los congresistas, diputados o concejales que los eligieron, que cumplir con sus deberes.
Mientras en Colombia no exista una total independencia entre quien ejerce el control fiscal y quienes son fiscalizados, no podremos erradicar estos niveles tan altos de corrupción. Las contralorías del orden nacional, departamental, distrital y municipal, se han constituido en una carga burocrática con altos costos de funcionamiento y pocos resultados a la hora de vigilar, controlar y recuperar los bienes públicos.
Una solución para acabar con este maridaje ilícito, es desligar a los auditores de los Contralores. La vigilancia de la gestión fiscal se debería hacer por medio de entidades privadas constituidas por profesionales de la contaduría, expertos en auditorias y revisoría fiscal, para que ejerzan auditorias financieras y de desempeño que permitan establecer el grado de eficiencia y eficacia de las entidades publicas. Todo ello, bajo la inspección y vigilancia de la Contraloría General de la Republica.
En conclusión, la Contraloría debería enfocar sus objetivos en mejorar las normas de control interno, así como los principios de contabilidad que deben aplicarse en el manejo de los recursos de la Administración Pública. Por su parte, las contralorías departamentales, distritales y municipales, deberían convertirse en organismo de inspección y vigilancia de las firmas privadas de auditores y revisores que presten al sector publico los servicios de control fiscal. Como una especie de superintendente de fiscalización.
En el tintero: Mañana voy a castigar con mi voto el pésimo manejo de la política agraria, las oportunistas alianzas electoreras, a los mermelados congresistas y a los traficantes de la paz en Colombia.
Twitter: @indadangond
