No deja un buen sabor lo que ha revelado este diario recientemente sobre la presunta injerencia de personas cercanas al entorno familiar del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en temas que pertenecen a la órbita exclusiva de la Administración Distrital. Y mucho menos si tienen que ver con contratos multimillonarios, que deberían tener los ojos de los entes de control encima.

Las evidencias recabadas por los periodistas revelan que uno de esos parientes –el esposo de su cuñada– habría tenido que ver con la prórroga de los contratos de operación de las fases uno y dos de TransMilenio (TM), lo que se habría traducido en utilidades cercanas a los 30.000 millones de pesos para las empresas.

Con tal fin, agrega la pieza periodística, se habrían llevado a cabo varias reuniones privadas entre el pariente del Alcalde con funcionarios del gobierno y empresarios del transporte. Con el agravante de que un exgerente de TM –que había recibido los consejos del familiar del Alcalde– terminó trabajando con él posteriormente en un proyecto ferroviario. Para rematar, quien lo reemplazó en el cargo resultó con vínculos comerciales y familiares con el mismo hombre de negocios.

¿Qué hace un pariente del Alcalde dando consejos sobre contratos y tarifas, averiguando por tranvías o reuniéndose con importantes miembros del gabinete? Eso no es ilegal, por supuesto, pero sí arroja una sombra de duda sobre el proceder de la Administración Distrital y la falta de mecanismos que permitan detectar y prevenir que cosas así sucedan.

Es más, si el pariente está dedicado al mundo de los negocios, con mayor razón cualquier acercamiento con secretarios o gerentes de entidades públicas debe prender alarmas. No tiene por qué aparecer un concuñado del Alcalde solicitando citas o pidiendo audiencias para enterarse de este o aquel asunto que involucre las finanzas de la ciudad.

Varias cosas llaman la atención en este episodio. La primera es que se trata de un escándalo que vuelve a tener como eje el tema de TM y la movilidad, el mismo que enredó a la pasada administración y que derivó en el ‘carrusel’ de contratos.

En segundo lugar, la actitud del propio alcalde Petro, pues eran bien conocidas sus férreas críticas a la prórroga de los contratos del sistema masivo y terminó accediendo a ellos sin mayores discusiones.

Y, por último, está el proceder del mandatario. Según se ha dicho, tenía conocimiento de las intromisiones de su parentela. Por eso advirtió a sus colaboradores mantener a prudente distancia al personaje en cuestión. Pero, por lo visto, poco caso le hicieron, pues hoy todos se escudan en esos vínculos familiares o comerciales para justificar su conducta.

Las autoridades están en mora de investigar a fondo estas denuncias, que se suman a otras que ya han ventilado algunos concejales, como la ampliación de contratos del SIM –a pesar de la avalancha de críticas que ha recibido–, la polémica máquina tapahuecos o los paraderos de buses de la firma Eucol.

En un escueto comunicado conocido ayer, la Alcaldía rompió, por fin, su silencio y reafirmó su compromiso de lucha contra la corrupción y de blindar a la Administración de este flagelo. Aun así, los ciudadanos perciben que es hora de pasar de la ética de la retórica a la ética de las responsabilidades.

La prensa no está actuando con exceso de moralismo, como muchos creen. Bogotá vivió la experiencia más nefasta que recuerde a causa de la corrupción y son entendibles el resquemor ciudadano y el ojo avizor de los medios.