A principio de la década de los 90’s, en Colombia los negocios eran simples: unos pocos productos, clientes estables en un área limitada y una situación competitiva conocida y prácticamente invariable.
Cuando el ex presidente Cesar Gaviria llegó al Gobierno, abrió las compuertas al comercio exterior y expidió una serie de normas con el propósito de dinamizar la inversión y el crecimiento de la producción agropecuaria en las dos décadas siguientes. Fue entonces, cuando se creó un nuevo Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (Ley 16 de 1.990), con un Banco de segundo piso para irrigar crédito de fomento al sector (Finagro), un Fondo garante de los créditos de los productores (Fondo Agropecuario de Garantías –FAG-) y la obligatoriedad a la banca privada de colocar el 5.8% de sus exigibilidades en créditos al sector.
Posteriormente, a través de otras normas se crearon unos instrumentos de ayuda e incentivos al sector, como el Certificado de Incentivo Forestal –CIF-, los incentivos a la capitalización rural -ICR-, seguro agrario –ISA-, asistencia técnica –IAT-, Protección al Ingreso cafetero –PIC-, almacenamiento, Cobertura cambiaria, a la tasa de interés y al riego entre otros.
Cuando el doctor José Antonio Ocampo fue nombrado ministro de Agricultura, creó la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Ley 101 de 1.993), para promover y mejorar el ingreso y la calidad de vida de los productores del campo e instituyó un nuevo Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino (Ley 160 de 1994), con el fin de promover el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. En esa Ley, se establecieron los procesos para la adjudicación y titulación de la predios rurales, las causales de expropiación y extinción de dominio de la propiedad rural y se crearon las famosas Unidades Agrícolas Familiares –UAF- y las Zonas de Reserva Campesina.
Según las cifras del Ministerio de Agricultura, entre 1993 y 2013, la superficie agrícola en Colombia creció tan solo 600 mil hectáreas, mientras que la importación de alimento pasó de 2.6 a 10 millones de toneladas anuales. En un estudio publicado por la revista Semana, se menciona que el 60% del empleo rural en Colombia es informal, el 55% de los campesinos del país nunca han recibido asistencia técnica, el 85% de la población carece de alcantarillado, el 60% no tiene agua potable, el ingreso promedio de un campesino es de $220.000 mensuales, el 18% de los propietario de tierras no tienen formalizados sus títulos y el crecimiento del PIB rural en la ultima década ha sido tan solo del 2.8%.
¿Cómo explicar que después de 20 veinte años de millonarias inversiones a través de estos instrumentos de ayuda al sector, no hayamos sido capaces de incrementar la producción agropecuaria, la competitividad, rentabilidad y calidad de vida de nuestros productores del campo?.
Ante este delicado panorama y el creciente proceso de la internacionalización de nuestra economía, el Gobierno Nacional debe asumir esta vez el compromiso y la responsabilidad de garantizar y ejecutar los recursos para la inversión en infraestructura y servicios públicos del sector rural. Además debe implementar una política que forme, capacite y organice una nueva generación de agricultores profesionalizados, si en verdad pretende eliminar las causas de la falta de rentabilidad y competitividad del sector.
Dios quiera, no nos volvamos a equivocar. Seria fatal vivir otros 20 años en esta zozobra.
Twitter: @indadangond
