No estoy de acuerdo con las posiciones extremas de Alejandro Ordóñez en materia de derechos sexuales y reproductivos. Tampoco he quedado conforme, en algunos casos, con la dosificación de las sanciones disciplinarias que ha impuesto a diestra y siniestra en el periodo y medio que lleva como procurador general de la Nación. No me gusta el roscograma judicial. ¡Ni más faltaba! Pero todo lo anterior no me impide advertir que detrás de la posible salida de Ordóñez del Ministerio Público, hay intereses particulares que producen repugnancia y preguntas sin resolver que varios magis-trados deberían aclararnos.

No es un secreto que el Fiscal General Eduardo Montealegre quiere quedarse con la Contraloría y ahora también va por la Procuraduría. Tampoco es un misterio creer que a algunos cercanos al presidente les vendría bien deshacerse de un procurador que ha cuestionado sistemáticamente su idea de ‘paz’. Varios consejeros de Estado andan en plan de realinderarse con oportunismo en el nuevo esquema de poder que se está abriendo camino y por eso están jugando cartas más políticas que jurídicas a la hora de considerar el caso de Alejandro Ordóñez.

A mí que me expliquen cómo el magistrado Alberto Yepes puede defender vehementemente en un fallo de 2012 que el procurador está en capacidad de reelegirse y dos años después cambiar drástica e impunemente de opinión. Que me diga el magistrado Yepes por qué durante el proceso de reelección de Ordóñez, aconsejó privadamente a un congresista del Huila y le dijo que la ausencia de María Mercedes López en la terna no viciaba el trámite de confirmación de Alejandro Ordóñez en el Congreso. Así lo dijo y ahora, sorpresivamente, cambia de opinión. ¿Por qué los conjueces nunca pudieron votar sobre la ponencia original proyectada por Yepes como ordena el reglamento del Consejo de Estado y el código contencioso administrativo y sólo han conocido la última ponencia en donde el consejero da un polémico giro de 180 grados para pedir que saquen al procurador?

Y una pregunta más sobre otra consejera que está participando en las discusiones. ¿Es verdad que en 2009 Ordóñez aceptó la renuncia protocolaria a la doctora Lucy Yaneth Bermúdez que se quedó sin su puesto de procuradora delegada ante el Consejo de Estado? ¿Tendrá algo que ver esa salida con sus posiciones ahora, como magistrada clave para decidir el caso de su antiguo jefe?