La nueva administración Santos tiene que ser especialmente cuidadosa en el manejo de Ecopetrol. La junta directiva y la gerencia de la empresa, también.

Siempre he sido partidario de privatizar las empresas estatales. Creo que operaciones como la venta o la incorporación de capital privado en los bancos o en las empresas de servicios públicos –en particular las de la cadena de la energía eléctrica y las de comunicaciones– probó ser necesaria y exitosa en Colombia. Los beneficiados fueron los consumidores y las finanzas públicas.

En Bogotá, por ejemplo, la Empresa de Energía Eléctrica estaba quebrada en 1997. La entrada de Emgesa a la generación y de Codensa a la distribución fue la salvación para sus habitantes. Y la ciudad recibe unos recursos, por la vía de los dividendos, con los cuales jamás soñó.

El capitalismo de Estado no desapareció con la caída del Muro de Berlín en 1989. Un artículo aparecido hace un mes en The Economist (‘Leviathan as capitalist’, 21 de junio de 2014, pág. 68) informaba sobre el extraordinario desarrollo en los últimos veinticinco años de las empresas estatales en todo el mundo. No solamente por la aparición de nuevas compañías –en China, por ejemplo– sino porque los Estados no han vendido el 100 por ciento de sus participaciones y mantienen posiciones de accionista mayoritario o minoritario, o han invertido indirectamente en ellas a través de otras entidades y fondos públicos.

De acuerdo con la evidencia reciente, sin embargo, la experiencia de los capitales mixtos –Estado, sector privado– no siempre logra eliminar los vicios de las empresas estatales de viejo cuño. Todo depende de que su gobierno corporativo se asemeje realmente al de las firmas privadas, con administraciones independientes que no respondan a los dictados de los gobernantes –presidentes o ministros– de los países. The Economist se refiere al caso brasileño, en donde los dos últimos presidentes –Lula y Dilma– pasaron por encima de los intereses de los accionistas minoritarios, argumentando que estaba de por medio el interés nacional y deterioraron el valor de empresas internacionales tan importantes como Vale o Petrobras. Un caso bien distinto es el de Statoil, de Noruega, una de las compañías petroleras mejor manejadas del mundo.

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El artículo de The Economist me llamó la atención porque, repito, me gusta la vinculación de los inversionistas privados a las empresas estatales. Cuando fui presidente de Bancoldex me empeñé, sin éxito, en que el Banco tuviera accionistas privados. Promoví, después, como ministro de Minas, con éxito, la llamada ‘democratización’ del capital de ISA. Defendí posteriormente la capitalización privada de Ecopetrol. Y en estos días espero que en agosto se logre llevar a cabo la venta de la participación del Gobierno Nacional en Isagén.

Pero confieso mi preocupación con el esquema mixto en una empresa como Ecopetrol, por lo reducido de la participación privada en el capital y por la dependencia fiscal del Gobierno de los recursos que recibe de Ecopetrol por concepto de dividendos e impuestos. Es que el 20 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación provienen de Ecopetrol en la actualidad y un porcentaje tan alto no es sostenible en el tiempo.

¿Qué pasa si bajan los precios internacionales? ¿Qué pasa sí, como sucede en la actualidad, el flujo de exportaciones de petróleo se reduce por los atentados de la guerrilla contra los oleoductos y los carrotanques? ¿Qué pasa si la compañía no invierte en exploración y se endeuda en exceso? ¿Qué pasa si no se encuentran suficientes reservas y la producción declina?

La nueva administración Santos tiene que ser especialmente cuidadosa en el manejo de Ecopetrol. La junta directiva y la gerencia de la empresa, también. No vaya a ser que maten la gallina de los huevos de oro.