Sin terciar en la disputa entre los operadores de televisión y los canales nacionales de operación privada —Caracol y RCN—, debido al cobro que estos pretenden sobre sus señales, se pueden reseñar algunos hechos interesantes.
Los canales privados y los cableoperadores le deben pagar al Estado una parte de sus ingresos. Este dinero se recoge a través de un fondo que administra la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y se utiliza para el sostenimiento de los operadores públicos (RTVC y canales regionales).
En el caso de los cableoperadores las cuentas son inciertas, pues históricamente esa industria ha sido víctima de la piratería y del subreporte de ingresos, a pesar de la lucha contra estos males por parte de las autoridades con la colaboración de las empresas más serias de esta industria.
A raíz del conflicto entre canales y cableros se ha venido a confirmar que la penetración de la televisión por suscripción es mucho más grande de lo que se registra en las cifras oficiales. La diferencia es abrumadora: según los datos de la ANTV, a finales de 2013 en Colombia existían 4’712.283 suscriptores.
Sin embargo, según las cifras de penetración del servicio de televisión paga (75%), reveladas por los propios cableoperadores en audiencias públicas y en documentos escritos, el número real de suscriptores sería de casi 10’000.000. Lo anterior implica que este año el fondo que administra la ANTV dejaría de recibir 150.000 millones de pesos.
¿Quién se está quedando con ese dinero? El tamaño del hueco amerita una acción inmediata por parte de las autoridades. Además de afectarse las finanzas públicas, se encarece la tarifa que nos cobran los operadores de cable.
En medio del conflicto entre canales y cableros, que ojalá se resuelva primordialmente en función de los usuarios, llama la atención ver hoy en el mismo bando a operadores que hace menos pocos mes se acusaban mutuamente de abuso —y de cosas peores— ante los jueces y las autoridades del sector.
Lo más grave de este panorama es que, por lo pronto, el asunto está en manos de una entidad incompetente y sin competencia.
