Testigos falsos y versiones encontradas e inconsistentes marcaron el proceso en contra de la expresidenta del Congreso por presuntos nexos con paramilitares.
Tuvieron que pasar seis años, tres meses y cinco días para que la Corte Suprema de Justicia admitiera que no hay pruebas que vinculen a la expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez con grupos paramilitares. Después de 51 declaraciones, más de 70 citaciones, la absolución de la Procuraduría y cuatro solicitudes de auto inhibitorio por parte de su defensa y del Ministerio Público, finalmente el alto tribunal aceptó que los testimonios con los que quisieron comprometerla eran inconsistentes con la realidad de su accionar político.
La historia de este largo proceso judicial empezó el 18 de abril de 2008, cuando la detenida excongresista Rocío Arias aseguró que Gutiérrez había sido beneficiaria de los grupos paramilitares. En ese momento ardía el escándalo de la parapolítica y la señalada legisladora presidía el Senado. Rocío Arias aseguró que un tal alias J le había dicho que no le podía ayudar a conseguir votos en Cundinamarca porque los jefes paramilitares El Pájaro y El Águila habían dado la orden de ayudar a Nancy Patricia Gutiérrez.
De inmediato, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la congresista y ordenó escuchar a los dos jefes de las autodefensas mencionados por Arias. En primer lugar, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila, un reconocido jefe paramilitar de la región de Yacopí (Cundinamarca), aseguró que nunca tuvo vínculos con la senadora Gutiérrez y tampoco supo de que alguien de las autodefensas los tuviera. Posteriormente, John Freddy Gallo Bedoya, alias El Pájaro, añadió que nunca la había visto.
Las declaraciones del Pájaro, además de descartar cualquier vínculo con la acusada, permitieron desmentir varios señalamientos. La denuncia decía que desde su elección como alcaldesa del municipio de Agua de Dios en 1988, Nancy Patricia Gutiérrez había sido beneficiaria del paramilitarismo. El declarante mismo ratificó que había llegado a Cundinamarca a finales de 2002 y para esa época la dirigente política ya había sido elegida dos veces en la Cámara de Representantes. Incluso presidió esta corporación en la legislatura 1999-2000.
A pesar de que los dos jefes paramilitares dejaron sin piso los señalamientos de Arias, la Corte Suprema de Justicia continuó con sus pesquisas. Más de 10 testigos comparecieron ante el alto tribunal, pero ninguno pudo comprometerla. Entonces apareció un supuesto testigo anónimo con la especie de que tenía evidencias de que Nancy Patricia Gutiérrez había sido favorecida en política primero por El Mono Jojoy y después por El Pájaro, con la aprobación de Jorge 40. Al final, el supuesto testigo, alias El Diablo, nunca apareció.
Cuando esta amañada versión, ampliamente publicitada en algunos medios, se desvaneció en la Corte, apareció otra historia. Esta vez se dijo que El Pájaro se había negado a declarar contra la congresista porque el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, se lo había pedido durante una visita a la penitenciaría de La Picota, y que testigo de esa solicitud era el jefe paramilitar Ramón Isaza. El Pájaro fue oído de nuevo en la Corte y negó la reunión. Luego, Isaza fue citado y declaró que nada de eso era cierto.
Se creyó entonces que el caso estaba resuelto, pero la llamada de una mujer anónima guió el interés de la justicia hacia una vereda del municipio de Mesitas del Colegio, donde supuestamente se encontraban dos exparamilitares que habían tenido nexos con Nancy Patricia Gutiérrez. Las averiguaciones del CTI se concentraron en un ganadero de la región y su hijo estudiante de derecho, quienes nunca estuvieron comprometidos con acciones ilegales. Se recaudaron cinco testimonios más, pero al final se probó que todos eran infundios.
Después de un año de pesquisas reapareció Rocío Arias, esta vez para decir que alias Don Berna le había informado a través de una carta que, antes de ser extraditado, habló con El Pájaro y este admitió que había ayudado a Nancy Patricia Gutiérrez. Agregó que varios abogados eran testigos. Esta versión también tuvo amplio despliegue mediático y la Corte decidió volver a escuchar a El Pájaro. El desmovilizado paramilitar admitió que había hablado con Don Berna, pero para pedirle que le dijera a Arias que no siguiera mintiendo.
Cuando todo apuntaba a la terminación del caso, surgió otro testigo ambiguo: Andrés de Jesús Vélez, condenado por lavado de activos, quien aseguró en la Corte que a comienzos de 2002, en un sitio del Meta llamado El Tropezón, había asistido a una reunión dirigida por el jefe del bloque Centauros, Miguel Arroyave, en la cual supuestamente se había ordenado dar apoyo político a algunos aspirantes al Congreso, entre ellos Nancy Patricia Gutiérrez, y que además él había sido comisionado para llevar la razón al bloque Tolima.
La Corte Suprema ordenó pesquisas en Casanare y Tolima para ratificar la versión. El jefe paramilitar alias Guillermo Torres lo negó enfáticamente. Lo mismo que Teodosio Pabón, alias El Profe. Otros testigos añadieron que ni siquiera conocían a la congresista y recalcaron que esa supuesta reunión nunca pudo haberse realizado. En medio de este careo apareció otro testigo, alias Cristo Malo, quien quiso buscar beneficios asegurando que un jefe del bloque Tolima le dijo que había que ayudar a Nancy Patricia.
Después de cinco años en los que la congresista también fue investigada penalmente porque llegó a decirse que había recibido información reservada del DAS para adelantar un debate contra su colega Piedad Córdoba —caso por el cual incluso estuvo en reclusión domiciliara—, sólo quedaba pendiente que Don Berna aclarara las últimas dudas de la justicia. Luego de siete citaciones, el 4 de junio de 2013, el jefe paramilitar finalmente admitió que nada le constaba en cuanto a apoyo de las autodefensas a la congresista Gutiérrez.
En ese momento, la dirigente ya había desistido de su actividad política para dedicarse a la cátedra. Absuelta en el caso de las supuestas filtraciones del DAS, se concentró en solicitarle a la Corte que le otorgara un auto inhibitorio. Finalmente, el alto tribunal accedió a su requerimiento el pasado miércoles 23 de julio. Consultada sobre lo sucedido, se limitó a decir que por ahora su idea es defender los intereses de Asomóvil, el gremio que defiende las empresas de telefonía celular y del cual acaba de ser nombrada presidenta, y que más que para ella, esta es la mejor noticia que ha recibido su familia.
