La condena contra Andrés Felipe Arias por el programa de Agro Ingreso Seguro no solo es el puntillazo final para el ex ministro estrella de Álvaro Uribe sino que también es un duro precedente para muchos funcionarios en el sector público.

La Sala Penal de la Corte Suprema condenó a Arias por peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contrato sin el debido cumplimiento de requisitos. La pena la decidirá un juez de garantías en diez días, y sería cárcel entre los 12 y los 33 años de prisión.

Según el fallo oral que leyó la magistrada María del Rosario González hoy, para la Corte fue claro que Arias contrató de manera directa –y no por licitación pública como lo ha debido hacer- con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica, que depende de la OEA) para que entregara los millonarios subsidios agrícolas. Y que lo hizo argumentando falazmente que se trataba de una actividad tecnológica y científica.

El fallo dice que el Iica "se limitó a administrar recursos públicos", que esa "no es una actividad tecnológica ni científica" y que Arias tuvo pleno control de lo que hacía el Instituto, al punto que sus contratistas debían tener su visto bueno. Y que lo hizo a sabiendas de que esa modalidad de contratación no era válida y para garantizar que estuviera "bajo la égida del Ministro".

Respecto del peculado por apropiación en favor de terceros, la Corte dijo que Arias tuvo injerencia directa en la entrega de los subsidios de AIS, incluidos los que fueron otorgados a poderosos empresarios agrícolas de la Costa que fraccionaron predios para obtener más beneficios.

Para la Corte, “Andrés Felipe Arias Leyva actuó con completo conocimiento de la ilegalidad de su conducta” puesto que siempre tuvo una activa participación y conocimiento en los hechos que rodearon la planeación y ejecución de Agro Ingreso Seguro desde el principio. Según la Corte, Arias conocía de primera mano las irregularidades sobre el fraccionamiento de predios.

“Los magistrados señalan que a pesar de que se suponía que el Iica era el que manejaba AIS, "Arias conservó la disponibilidad de esos dineros y se valió de las convocatorias para incluir reglas" para la asignación de los subsidios. Entre los contratistas del Iica que definían quién recibía los subsidios de riego había "gente de la mayor confianza" del Ministro”, narró El Espectador, que estuvo en la audiencia en la que se leyó el fallo.

Esta condena llega después de la condena por los mismos cargos de su ex viceministro Juan Camilo Salázar, quien aceptó colaborar con la Fiscalía en 2012, y de otros dos fallos basados en los mismos argumentos e igualmente duros para Arias.

El primero, que acabó con su carrera política pues el Procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó por los mismos hechos y lo inhabilitó para la vida pública durante 16 años. Y el más reciente, de la Contralora General Sandra Morelli que lo declaró responsable fiscal solidario junto con el ex ministro Andrés Darío Fernández y el Iica por las irregularidades del programa por casi 13 mil millones de pesos.

Golpeado en su bolsillo, golpeado en su habilidad para trabajar en lo público, que era su vocación, y golpeado ahora en su libertad, Andrés Felipe Arias enfrenta un futuro que nadie habría previsto para él.

El niño genio y arrogante

Andrés Felipe Arias es considerado por la gente que lo ha conocido como un genio y siempre se destacó en lo que hizo.

“Era un monitor increíble. Superprepotente, despreciativo con los más brutos que él, que éramos el 99 por ciento, pero era mejor que el profesor, tenía una cabeza excepcional”, dice uno de los economistas de su generación en los Andes, quien recuerda que Arias se sabía de memoria la matriz de las cuentas del Estado, que era el tema de su clase.

Arias hizo su doctorado en la Universidad de California y tras conocer a Álvaro Uribe en el Club de Medellín le comenzó a enviar documentos de economía que creía le podrían interesar. Ya con Uribe en la Presidencia, Arias fue nombrado director de política macroeconómica del ministerio de Hacienda, luego viceministro de Agricultura y en 2006 se convirtió en uno de los ministros más jóvenes de la historia.

No era, además, un ministro más del gabinete. Siendo el consentido de Uribe y ministro justo en el momento en el que se estaban firmados los TLC que golpearían al agro, Arias recibió un presupuesto mucho más grande del que tradicionalmente habían recibido los ministros de agricultura.

Arias salió del ministerio aplaudido por los empresarios del sector y directo a planear su campaña presidencial como el candidato conservador “del presidente”. Noemí Sanín lo derrotó en la consulta interna del partido y de ahí para adelante vino su caída.

Arias, que es (o por lo menos era) increíblemente arrogante, logró concentrar la antipatía de todo el país antiuribista y la indignación de que los recursos de los contribuyentes terminaran en los bolsillos de tanta gente rica. Sin embargo, su detención, y ahora su condena, se convierten en un fuerte desincentivo para los profesionales más preparados que sueñan con dedicar su carrera a lo público.

“Es una injusticia terrible con él, con el país y con todos los que somos servidores públicos”, dijo Juan Ricardo Ortega, director de la Dian a La Silla. “En Colombia los criminales que roban de verdad tienen miles de millones en su patrimonio y ahora Arias, que no se robó un peso, es nuestro gran criminal”.

La indignación que siente Ortega es sentida por muchos otros funcionarios.

El efecto paralizador

Agro Ingreso Seguro no fue un programa inventado por Arias, sino copiado de Chile y creado por una ley de la República en abril de 2007 con el fin de proteger y preparar a los productores del campo que pudieran resultar afectados por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Entre sus objetivos nunca estuvo beneficiar a los pobres sino estimular la competitividad del campo.

En la práctica, como lo escribió La Silla en su momento, el programa Agro Ingreso Seguro terminó beneficiando más a los grandes agricultores que a los pequeños.

Después de invertir 1,4 billones de pesos de los contribuyentes entre 2007 y 2009, datos del Ministerio de Agricultura muestran que los pequeños agricultores obtuvieron apenas un 36 por ciento de los recursos de AIS aunque representaban más del 80 por ciento de los solicitantes.

Mientras en promedio un agricultor pequeño recibió entre 5 y 7 millones de pesos en líneas especiales de crédito o incentivos de capitalización y los medianos $ 116 millones, los grandes productores recibieron entre 1.500 y 2.123 millones de pesos en promedio, según el año de la convocatoria.

Una evaluación de impacto del programa entregado por la firma Econometría al Ministerio de Agricultura en febrero de 2011 concluye que “AIS no llevó a aumentar las condiciones de vida de los hogares beneficiados” y que los pequeños productores beneficiarios de AIS no aumentaron sus ingresos netos mientras que los grandes productores sí lo hicieron.

"Los resultados muestran que los pequeños productores aumentaron sus costos de producción, disminuyeron sus niveles de inversión, y a pesar de haber aumentado sus ingresos, este aumento no fue suficiente para lograr impactos positivos sobre el ingreso neto", dice la evaluación. "Los grandes productores, por el contrario, lograron mantener sus niveles de inversión, disminuyeron costos de producción y lograron aumentar su ingreso neto".

Estos datos son suficientes para cuestionar políticamente la conveniencia del programa de Agro Ingreso Seguro. También plantea una polémica la denuncia que hizo hace dos años el senador del Polo Jorge Enrique Robledo cuando demostró que 45 personas que financiaron con 549 millones de pesos la campaña de Álvaro Uribe recibieron recursos de AIS por más de 33 mil millones. Y el que algunos de los beneficiarios de este programa luego hicieran aportes a la campaña de Andrés Felipe Arias, como lo denunció Noticias Uno.

Pero una cosa es la discusión política y el castigo en las urnas de quienes promovieron estas políticas y otra es la condena penal y fiscal por estos delitos.

Para muchos funcionarios, las conductas de Arias están en una “zona gris”. Por eso, su condena hace pensar dos veces a jóvenes educados si vale la pena entrar al sector público.

Por un lado, en lo que tiene que ver con el primer delito de haber contratado directamente con el Iica y no por medio de una licitación, fuentes consultadas por La Silla explicaron que en un país cuyo sistema presupuestal es anual es prácticamente imposible ejecutar proyectos de envergadura, cuya ejecución tarda varios años.

La regla actual es que si una entidad no ejecuta su presupuesto en ese año, se lo quitan. La idea de esto en teoría es incentivar la ejecución pero los malpensados creen que la razón para que el presupuesto sea anual es para que los congresistas tengan la oportunidad de “arrodillar” al Ministro de Hacienda para que les pague el peaje –llámese cupos indicativos o mermelada- para que les apruebe la ley del presupuesto cada año. En otros países los presupuestos de ciertas entidades son plurianuales.

Como la mayoría proyectos no se pueden ejecutar en un año, muchas entidades recurren a convenios con entidades como el Pnud, Fonade, Findeter para “puentear” el presupuesto: es decir, para sacar la plata del presupuesto de la entidad, y que aparezca como ejecutada, para que estos organismos luego puedan contratar la ejecución de los proyectos en los tiempos que requiere la naturaleza de la obra.

Esto fue lo que hizo Arias con el Iica.  Contratar con esta entidad era algo que habían hecho los ministros de Agricultura que lo precedieron y fue algo que hizo también su sucesor en el gobierno de Santos. El primer viceministro de Agricultura Ricardo Sánchez no solo le dio continuidad al convenio pocos meses después sino que lo prorrogó hasta el 2012. Luego, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo contrató a la Universidad Nacional para hacer lo mismo, y también lo hizo por contratación directa.

Frente al peculado por apropiación a favor de terceros, los funcionarios implicados en Agro Ingreso Seguro alegaron en su favor que las familias que burlaron los topes de Agro Ingreso Seguro para acceder a más subsidios, aceptaron en su conciliación con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que engañaron al Ministerio de Agricultura suscribiendo contratos ficticios de arrendamiento con sus trabajadores o con miembros de la junta directiva en caso de ser personas jurídicas sobre el mismo predio. También dijeron no conocer personalmente a ninguno de los funcionarios presos. La mayoría de las familias que fraccionaron los predios devolvieron la plata recibida en estas conciliaciones.

Los miembros de la familia Dávila, incluido el ex novio de Valerie Domínguez, que obtuvieron de manera fraudulenta subsidios por 2.415 millones de pesos para el programa de riego y drenaje por lo que fueron condenados  en 2012 por peculado por apropiación y falsedad en documento privado recibieron una condena de 20 y 22 meses. Dado que reintegraron la mitad de la plata que recibieron obtuvieron una rebaja de la pena del 50 por ciento y el beneficio de excarcelación. La ex reina de belleza, por su parte, fue exonerada.

Es decir que los que se beneficiaron directamente del delito cometido por Arias pagarán una condena no privativa de la libertad de año y medio, mientras que Arias, a quien no se le probó haberse quedado con un peso, pasará como mínimo diez años preso.

Después de una denuncia de Daniel Coronell sobre un apartamento que compró Arias en el norte de Bogotá, que insinuaba que podría haberse beneficiado de los recursos de AIS, la Procuraduría lo absolvió en un proceso disciplinario por su presunto enriquecimiento ilícito.

Fuera de las confesiones de los beneficiados, en octubre de 2010, a raíz de la investigación iniciada por la Procuraduría en conexión con Agro Ingreso Seguro, algunos de los subalternos de Arias investigados por AIS contrataron al matemático Álvaro Riascos Villegas para que evaluara si los criterios de calificación de proyectos de la convocatoria pública de riego y drenaje tenían un sesgo a favor de los agricultores más ricos.

Riascos concluyó que los términos de referencia elaborados por los funcionarios presos no tenían un sesgo implícito a favor de los más ricos.

“No es claro desde el punto de vista matemático que la metodología de cálculo, principalmente para las Convocatorias de 20008 y 2009, fuera premeditadamente diseñada para favorecer proyectos desarrollados por grandes productores. Por el contrario, de forma más marcada se observa cierto sesgo, progresivamente desde las Convocatorias 2008-1, 2008-2 y llegando finalmente a la convocatoria 2009, por beneficiar a pequeños productores”, dice su estudio.

“Es una venganza de la Corte contra Uribe”, dijo uno de los funcionarios que conoce a Arias y se indignó con el fallo. “Le están cobrando las chuzadas a través de su consentido”.

La Silla verificó y la mayoría de los miembros de la Sala Penal que fallaron en contra de Arias no estaban cuando ocurrieron las chuzadas. La magistrada González, que leyó el fallo, es una de las pocas que queda de esa época y ella ha sido igual de dura con uribistas y no uribistas, por lo que la llaman la “dama de hierro”. El fallo, además, es consistente con el del muy uribista Procurador y con el de la Contralora.

Sin embargo, la consistencia de esta argumentación, no quita que el fallo contra Arias lo sientan cientos de otros funcionarios como una espada de Damocles.