La Procuraduría

Muchas personas están interesadas en la defenestración del Procurador General, no importa el fundamento jurídico de la decisión. El tema que me interesa es el institucional de la Procuraduría.
Lo clave es saber y establecer qué organismo debe ejercer el poder disciplinario que parece ser ahora el principal oficio de la Procuraduría. ¿Un ente nacional? ¿Cada institución porque es allí donde se conocen bien los problemas disciplinarios?

Las funciones que la Constitución le asigna, de hecho, se ejercen por otras instituciones. Por ejemplo, “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”, así como “proteger los derechos humanos”, etcétera, tienen guardián en la heredad. Y aún el tema disciplinario podría encontrar respuesta en las oficinas de control creadas por el Estatuto Anticorrupción y que dependen de la Presidencia de la República.

El asunto entonces es qué tan eficientemente ha sido la Procuraduría ejerciendo ésta y otras funciones a través de la historia. ¿Duplica las de otros organismos? ¿Podrían ejercerse en forma más eficiente, transparente y creíble ante la ciudadanía, con otro arreglo institucional?

El solo hecho de que la discusión en el Consejo de Estado sea sobre una flagrante violación de la Constitución por la Procuraduría al haber propiciado la reelección del procurador Edgardo Maya y ahora la de Alejandro Ordóñez ya genera una enorme perplejidad. ¿Acaso su primera función no es la de “vigilar el cumplimiento de la Constitución”? ¿Y entonces? ¿En qué queda la tradición jurídica colombiana, una de sus máximas fortalezas, que le ha dado tanto prestigio internacionalmente? ¿Y en qué queda la seguridad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros? ¿En general, a qué puede atenerse el ciudadano en su vida cotidiana?

¿Por qué miles de funcionarios de la Procuraduría que tienen la función de vigilar el cumplimiento de la Constitución no se percataron de la violación de la misma cuando se reeligió a Edgardo Maya y, luego, cuando se reeligió a Alejandro Ordóñez? ¿Por qué el Senado de la República y sus asesores tampoco? ¿Por qué el Consejo de Estado, que postuló a Ordóñez y ahora está a punto de destituirlo, tampoco? Y así puede decirse de otras instituciones gubernamentales y privadas.

Cabe preguntarse, entonces, esto qué Estado de Derecho es. Porque no se trata de una cuestión menor. Algunos se colocan en la lógica de “tú me destituyes, yo te destituyo”. Y eso para recordar el desafortunado proceso en el caso Petro. Que una vendetta, que una revancha. El Señor nos proteja.

Si la razón de ser de una decisión desfavorable del Consejo de Estado es otra, santo y bueno. Pero “descubrir” un principio fundamental de la Constitución a estas alturas habla muy mal sobre lo que está ocurriendo en el mundo del Derecho entre nosotros. Y no faltará quien diga “pero afortunadamente nos dimos cuenta, aunque tarde”. Muy tarde. Es una justificación que empeora las cosas.

Ojalá el tema de la Procuraduría -más allá del procurador Ordóñez- se examine en serio. Y que se busquen formas rigurosas para la necesaria aplicación de un régimen disciplinario que sea confiable. Esa es la dimensión más importante del asunto, y la que debería estar en la mesa del debate.

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