Pasos de animal grande

El doctor Fernando Londoño Hoyos en su programa La hora de la Verdad, denunció públicamente el viernes, que Alberto Yepes Barreiro, magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, filtró (él o alguien de su entorno), a El Tiempo, su ponencia en la que se pronunciará a favor de la salida del actual procurador, Alejandro Ordoñez, por vacíos constitucionales sobre la reelección, pues, argumenta, la Carta Magna no se pronuncia expresamente sobre aquella, y por lo tanto, debe aplicarse el principio de que si una acción jurídica no está claramente autorizada, está prohibida (una variante del principio de que para los funcionarios públicos lo que no está expresamente permitido está prohibido).

Pues bien, el magistrado Yepes, señala Londoño, es el mismo que en otra sentencia, sobre la elección del Rector de la Universidad de Cundinamarca, en diciembre de 2012 argumentó exactamente lo contrario. Y para hacerlo hace un listado exhaustivo de los cargos que no gozan de la posibilidad de la reelección y concluye que el de la Procuraduría si la tiene. El tiempo www.eltiempo.com (consultado el 11.07.14) también recoge la contradicción de Yepes, a quien cita textualmente; “Si la prohibición de la reelección no ha sido establecida ni por el Constituyente ni por el legislador para los cargos que se provean por voto popular o no, es porque el derecho fundamental a ser elegido se puede ejercer libremente (…) Es lo que sucede con cargos como el de Procurador General y Defensor del Pueblo”.

¿Qué cambió para Yepes entre diciembre de 2012 y julio de 2014, que lo hace modificar radicalmente de concepto? Cada cual que piense la respuesta, pero lo que es un hecho es que el señor Procurador se ha vuelto una piedra en el zapato para el gobierno y para el señor Fiscal respecto a las negociaciones de La Habana, pero también para a sus nuevos mejores amigos de la izquierda armada y de cuanto falso progre pulula en el país, en este y otros temas cruciales.

Si el señor Procurador llegase a salir en virtud de una providencia como la del magistrado Yepes, sería un golpe a uno de los principales fundamentos del Estado de Derecho: la independencia de los poderes y los controles horizontales (los que se ejercen entre las ramas del Estado y los que realizan los organismos de control), porque queda flotando en el ambiente que desde el ejecutivo se están sacando o desacreditando a los funcionarios que no  le caminan a los dictados de La Habana. Si esto es cierto, es un paso más en el camino a la dictadura, en la que el sátrapa no permite que nadie lo critique o contradiga, como sucede en Cuba o en Corea del Norte, países en los que la voluntad del gobernante es ley, algo que literalmente comienza a ser cierto en Colombia, donde a punta de mermelada se ha tejido una coalición mayoritaria en el Congreso que le dice sí a todo lo que el Príncipe le ordena, e intereses nada claros que se mueven en los altos tribunales para asegurar el unanimismo frente a los designios del primer mandatario y sus amigos.

Es que los signos del camino a la dictadura son muchos. Además del caso del Procurador, que ejerce su función de control en función de las facultades que le otorga la Constitución y la ley, voy a mencionar tres:

La persecución a la Contralora, que teme terminar con sus huesos en la cárcel por denunciar, también en uso y deber otorgado por la Constitución y la ley, la presunta corrupción en Saludcoop, lo que le ha valido un fuerte enfrentamiento con el señor Fiscal, que ha hecho todo lo posible por imputarle cargos por detrimento patrimonial por el asunto del arriendo de las oficinas donde ahora se encuentra la Contraloría. A esto se suma la imposición de la Corte Constitucional, apoyado por un Tribunal Departamental, de su candidato a sustituir a Sandra Morelli, contra lo dicho por sus propios reglamentos y por el mencionado Consejo de Estado.

El otro, es el asfixiante control de la opinión a favor del gobierno, en algunos de los medios de comunicación más importantes, sobre todo los capitalinos, en los que paulatinamente se van eliminando las voces discordantes, aumentando el incienso a los actos del presidente y ocultando aquello que a este no le conviene.

Y el tercero, es la campaña de miedo que busca atemorizar a la oposición, a punta de fallos judiciales que muchos colombianos entienden como políticos, y de crear en el ambiente tensión en torno al expresidente y senador electo Álvaro Uribe, de quien se dice que va a ser judicializado y encarcelado, para lo cual ya se expiden medidas para que delincuentes confesos ganen beneficios y dar mayores de estos a los que ya los obtuvieron, con el objetivo de crear un carrusel de testigos, algo deleznable porque la experiencia ha enseñado que, afortunadamente, han resultado todos, como se ha visto, falsos positivos judiciales.

Si el control horizontal se cierra, se cerca la libertad de expresión de la oposición y se recurre a métodos goebelianos de propaganda, lo que puede llegar a resultar es una dictadura con el disfraz de democracia, vieja fórmula que ha dado resultados en Venezuela. Ojo avizor, que se sienten pasos de animal grande.

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