Una pregunta a la Corte

En los procesos contra Mario Uribe, Gómez Gallo y otros parlamentarios condenados por concierto para delinquir con los paramilitares fue determinante el análisis de las votaciones “atípicas” obtenidas por los condenados. Los votos adicionales en algunas zonas fueron la prueba reina. Pues bien, en las pasadas elecciones presidenciales la votación por Santos en algunos lugares fue atípica, principalmente en el Chocó y la costa pacífica donde hubo una intervención descarada de la guerrilla, como ocurrió en Yamajé. Allí la totalidad de los votos fue por el presidente en cumplimiento de una orden del comandante de turno que nadie se atrevió a desacatar.

Si se siguiera la lógica aplicada por la Corte contra los parlamentarios donde el delito cometido fue que la gente votara por ellos, tendría que hacerse un proceso contra el reelegido presidente pues como en el asunto de los paramilitares hay pruebas suficientes de un aumento desproporcionado en la votación y en casos concretos se conoce que el voto fue inducido con promesas de favores. El asunto es que la Corte tomó una postura política en los procesos contra los parlamentarios y sentó un precedente. La pregunta es si aplicaría la misma doctrina en el caso de las denuncias hechas por la oposición contra el gobierno por su reparto de prebendas para el voto, la utilización de recursos públicos para la campaña y otras triquiñuelas que no son de menor cuantía. Por supuesto que el planteamiento es retórico porque todos sabemos que los procesos contra los amigos de Uribe son una vendetta y que las reglas establecidas para perseguirlos no serán las mismas que se apliquen para investigar las denuncias sobre lo ocurrido en las elecciones anteriores.

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