El término ‘barones ladrones’ (robber barons) fue acuñado a finales del siglo XIX para describir a los grandes capitalistas estadounidenses que acumularon gigantescas fortunas, abusando de los mercados y de su influencia en los ámbitos políticos para garantizar beneficios exorbitantes. Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, Morgan, Astor, Flick o Mellon encarnaban a estos rudos capitalistas cuyas fortunas se construyeron en el maridaje de la corrupción y la política.
La semana anterior, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, puso en conocimiento público las posibles irregularidades cometidas por prestantes empresas nacionales e internacionales que operan en el mercado de pañales. Según el alto funcionario, existirían claras evidencias de acuerdos de precios, reparto de mercados y varias irregularidades contempladas en los códigos de comercio y que podrían incluso tener implicaciones penales. Impresionan, además, las hojas de vida de los supuestos vinculados a estos hechos, pues son profesionales graduados de las más encopetadas universidades, con especializaciones en el exterior y recorridos en grandes multinacionales.
En Colombia, nos hemos acostumbrado a todo tipo de abusos por parte de las empresas públicas y privadas que desconocen olímpicamente los derechos de los consumidores.
Compañías de servicios públicos, operadores de telefonía móvil, aerolíneas, agencias de viaje, constructoras, entidades financieras, aseguradoras, EPS, hoteles, por no mencionar sino algunos sectores, son frecuentemente señalados por los abusos y el desconocimiento de las normas.
El consumidor colombiano está a la merced de fallas en el servicio, defectos de calidad, publicidad mentirosa, tarifas discriminatorias, carteles de precios, incumplimientos contractuales, posiciones dominantes, restricciones de la competencia, cláusulas leoninas y el listado de irregularidades se extiende.
En nuestro país tenemos instituciones débiles, normas imprecisas y ausencia de voluntad política para meter en cintura a muchas empresas que actúan por encima de la ley. Desde el alcalde Petro, que desconoció abiertamente las advertencias y sanciones de los órganos de control, pasando por las multinacionales blindadas por grandes firmas de abogados y rematando con los sectores consentidos por el poder político, hay un entramado de intereses económicos que parecen intocables. Por ello, resulta meritoria y valerosa la actitud del superintendente Robledo que intenta defender los famélicos intereses de los oprimidos consumidores nacionales.
Los excesos de los ‘barones ladrones’ produjeron en Estados Unidos el desarrollo de poderosas legislaciones antimonopolio, que desembocaron en normas cada vez más estrictas para proteger al comprador de los abusos de los productores, comercializadores y canales de distribución.
La defensa del consumidor es un área jurídica prolífica y los casos contra las más grandes multinacionales han terminado, en muchos casos, con condenas que implican colosales indemnizaciones para afectados. Nada de ello sucede en Colombia, donde los edificios se hunden, los vuelos se cancelan, los errores de facturación pululan, los carteles proliferan y los controles de calidad son deficientes. Las empresas saben que sus abusos rara vez serán sancionados y que las multas serán minúsculas comparadas con la gigantescas utilidades acumuladas.
Ya es hora de que en Colombia entendamos que es preferible proteger los mercados y la competencia que a las compañías. Está claro que en materia de lucha contra los abusos de los ‘barones ladrones estamos todavía en pañales’.
