Las conversaciones de La Habana continúan a paso lento. El proceso que, según el presidente Santos debió haber tomado “unos pocos meses,” se convirtió en interminables intercambios verbales que llevan casi 24 meses.
Las Farc no tienen prisa pues cada día que pasa mayores beneficios obtienen. Antes que todo, han ganado prestancia internacional. Ya no son un grupo de bandoleros que para sobrevivir acuden al secuestro y al narcotráfico, rodeándose de un aura de luchadores por el bienestar de los pobres que quieren imponer por las armas un régimen dictatorial semejante al imperante en Corea del Norte o en Cuba. Ahora son legítimos luchadores sociales que discuten en pié de igualdad con un gobierno democrático, (de paso legitimando la dictadura castrista), negociando con este, como lo han dicho, un “tratado de paz”.
Y como nadie quiere aparecer contrario a la paz, muchos, incluyendo gobiernos y organismos internacionales, salen dando declaraciones de respaldo a este “proceso de paz” y apoyando, en procura de su éxito, concesiones que van contra los convenios vigentes de derechos humanos, en particular, contra el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Crímenes como el secuestro (hoy tienen a más de 600 secuestrados según la Fundación Nueva Esperanza), masacres como la de Bojayá (119 muertos, 98 heridos), la bomba del Club el Nogal (36 muertos, 200 heridos), el asesinato de 11 diputados del Valle, reclutamiento de niños, colocación de minas “quiebrapatas” en las zonas campesinas (¡más de 10.000 muertos!), etc., deben quedar sin castigo para “lograr la paz”. Es el “precio” que algunos, comenzando por el Gobierno, parecieran estar dispuestos a pagar, además encimándoles curules en el Congreso de la República, curules a las que no tienen derecho, ni por representatividad (quebrando así el principio básico de la democracia según el cual en el órgano legislativo están representados los diferentes grupos según su ponderación dentro de la sociedad), ni por escogencia de los diferentes nombres por la ciudadanía. Timochenko señalaría a dedo a aquellos de sus representantes en el Congreso que gozarían de la correspondiente inmunidad parlamentaria. Por ejemplo podría escoger a Simón Trinidad, preso en los Estados Unidos o a Piedad Córdoba a quien se le levantaría la interdicción que le impuso la Procuraduría.
El presidente Santos se dejó arrinconar por las Farc porque no podía dar por terminadas las negociaciones sin hacer peligrar su reelección. Pero fue reelegido y ya no depende de la continuidad de las negociaciones, lo que las Farc deberían comprender. Para pasar a la historia como un estadista Juan Manuel Santos debe ahora tratar de obtener, si es posible, una paz sin impunidad y sin entregar los principios democráticos. La oposición debe dejarle una salida al Presidente si este decide romper las negociaciones so pena de forzarlo a decisiones nefastas.
