Me identifiqué con el ecuatoriano Galo Lara Yepes porque, al igual que él, durante los más de 8 años que ejercí como legislador de la República (hoy diputado) traté de cumplir a cabalidad la razón por la que fui electo: Legislar y fiscalizar. Y Galo Lara lo hacía de tal forma que irritaba al presidente Rafael Correa, alérgico a las críticas y acostumbrado a la zalamería de sus allegados, especialmente a los que salpica de la gran corrupción existente a los más altos niveles de ese país.
En tres ocasiones Rafael Correa pidió a la Asamblea Nacional del Ecuador el desafuero de Lara como parlamentario para poder acusarlo de injuria como ha hecho con diversas personas. Siempre fue negada esta petición, inclusive por partidarios del mismo autoritario Correa. Lara ejerció una férrea fiscalización al gobierno a quien le decía que se creía que ganar una elección significaba multiplicar la corrupción. Denuncias concretas convirtieron al asambleísta Lara de la provincia de los Ríos en el azote de un régimen poco acostumbrado a ser señalado en público y donde con sólo mirar mal al presidente es motivo de un juicio contra quien se atreva a hacerlo.
Durante el tiempo que estuve como embajador de Panamá en la OEA siempre procuré apoyar la causa de la libertad de expresión, cercenada en Venezuela y muy amenazada con los exabruptos del gobierno ecuatoriano. Hasta allá llegó el caso del periódico El Universo, condenado en 2012 a pagarle a Correa 40 millones de dólares por las “injurias” que el diario había incurrido reportando de acuerdo a su perspectiva una noticia, donde se ordenaba el encarcelamiento de sus 3 principales ejecutivos. Correa, personalmente, siempre estuvo presente en el juicio. Vaya manera de intimidad al tribunal. El repudio internacional que estas medidas generaron, particularmente de Catalina Botero, relatora de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obligaron a Correa a desistir de sus absurdas pretensiones. El director de opinión de El Universo, Emilio Palacio, tuvo que asilarse en Estados Unidos y hoy Correa sigue demandándolo allá.
El caso Lara es algo parecido. Correa lo convirtió en algo personal y así lo ha dicho sin recato alguno en repetidas intervenciones públicas que se pueden acceder a través del Internet. Incapacitado de demandarlo por injuria porque Lara tenía inmunidad parlamentaria, Correa se las ingenió para involucrarlo en un asesinato donde evidentemente Lara no tiene nada que ver. Por esa persecución fue que Lara se asiló en Panamá, donde posteriormente le revocaron tal condición por inexplicables razones, y hoy enfrenta un proceso de extradición.
Conversando con el ex presidente demócrata cristiano del Ecuador, Oswaldo Hurtado Larrea, autor del libro Dictaduras del siglo XXI, que en su última edición trata el caso Lara, éste me dice que no existe la menor duda que se trata de la persecución política de un régimen que utiliza una sumisa justicia para acorralar a sus enemigos y que en Ecuador, de ser extraditado Lara, su vida correría peligro porque más que un caso judicial se está en presencia de la satisfacción de la venganza personal de Rafael Correa.
Luego de que se presenten las objeciones al proceso de extradición de Galo Lara corresponderá a la Corte Suprema de Justicia de Panamá analizar si procede o no la extradición aprobada. De aceptar la Corte Suprema su procedencia, sería el presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien tendrá la última palabra. Conociendo su talante democrático, no creo que enviara de vuelta a Galo Lara Yepes de vuelta al Ecuador, donde su vida podría correr peligro. Afortunadamente el mundo se va dando cuenta del autoritarismo que rige los destinos del Ecuador.
