El principal aliado y compañero de trayectoria política de Gustavo Petro, el concejal de Bogotá Carlos Vicente de Roux, reconocido como una persona de firmes valores éticos, consideró esta semana que era su deber cívico y moral alzar la voz contra lo que considera una alarmante continuación de las prácticas corruptas que tienen a la capital del país en el lamentable estado en que está.
Fue Carlos Vicente de Roux, precisamente con el mismo Gustavo Petro, el que no se resignó a que los rumores sobre corrupción en la penosa alcaldía de Samuel Moreno Rojas se quedaran en eso, en rumores. Investigó, documentó casos y preparó un informe demoledor que puso al desnudo la podredumbre de esa administración del Polo Democrático en Bogotá. Gracias a él, la justicia ha podido hacer lo poco que ha hecho hasta ahora.
Por eso, que De Roux afirme que las varias irregularidades que ha estado denunciando se hayan podido producir porque "quizás su compromiso (el del alcalde Petro) en la lucha contra la corrupción no era tan profundo, no estaba cimentado en valores con los cuales él estuviera profundamente identificado, y todo estaba más ligado a temas de coyuntura política", es tal vez la impugnación de mayor calado que le hayan hecho al beligerante alcalde bogotano.
Porque resulta que a este gobernante, que denuncia de forma insistente el enquistamiento de "las mafias" en todo rincón donde algo no le gusta, inmediatos colaboradores suyos le prorrogaron varios megacontratos que, a juicio del estudioso concejal De Roux, llevan años imponiendo onerosas cargas al Distrito. Se trata del de los operadores de las fases I y II de TransMilenio, el de los paraderos y el del consorcio que tiene a su cargo, nada más ni nada menos, que los trámites del tránsito en la capital.
Cuando era la oportunidad de ajustar las cargas y restablecer la equidad en las prestaciones contractuales, se dejó pasar la oportunidad y misteriosamente, "a puerta cerrada" (reconocido así por el mismo Gustavo Petro a El Tiempo) los contratos fueron prorrogados. Atendida la enorme cuantía de ellos, ¿no estaba al tanto del asunto el otrora escrupuloso alcalde? ¿Cuáles son ahora sus prioridades, entonces?
Adicionalmente, el concejal De Roux, sin espacio para las ambigüedades, apunta a la injerencia de familiares de la esposa del alcalde Petro en la megacontratación. Y acusa la tolerancia del alcalde en esa intervención indebida y por omisión en sus deberes.
La secretaria general de la Alcaldía, la exfiscal Marta Lucía Zamora, critica que se esté haciendo "un escándalo radial" al tratar estos temas. Es decir, lo malo es la denuncia pública, no el foco de corruptelas. Y para quedar peor, dice que el alcalde Petro no firma contratos. Lo mismo, pues, que decían los subalternos de Samuel Moreno.
A lo mejor Gustavo Petro, atendidas las fluctuaciones y falta de rigor de la justicia, se considera invulnerable al control político, administrativo y judicial. Sabe que con las "tutelatones" acorrala cualquier posibilidad de rendición de cuentas y vuelve loca la justicia. Con la Procuraduría desautorizada y cercenada en sus competencias por unos jueces que no saben cómo decidir en Derecho, el alcalde da por hecho que nada le pasará.
Mientras tanto, los escándalos no cesan y los habitantes de Bogotá aguantan sin límite. Como manto protector acuden a la resignación mansa o a la indiferencia total.
