Sobre un presupuesto gravemente desfinanciado

Contrario a lo que dice el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el Presupuesto General de la Nación para 2015 es insuficiente y está gravemente desfinanciado en $12,5 billones de pesos.

Adicionalmente, si nos acogemos a las advertencias que hace la Contraloría General sobre una mala apropiación de provisiones por $11,3 billones, lo cual merece una seria explicación del Ministro de Hacienda (si atendiera las citaciones del Congreso), ya el déficit desfinanciado alcanzaría la tenebrosa suma de $24 billones. (más del 10% de los $216 billones que se estima el presupuesto de gastos para 2015).

Varias razones explican el déficit: el aumento de los gastos de funcionamiento del Estado en un 7.4% y el pago de la deuda que se disparó en un 15,2% (con un aumento en la amortización de capital de un 27,3%). A esto se suma el monto de la inversión en el presupuesto que año a año incomprensiblemente disminuye en un 1,4%.

Todo esto sin contar con el hecho de que se disminuyen los presupuestos para el medio ambiente (en plena temporada de sequías) o de transporte (con grandes anuncios de obras de infraestructura en ciernes), sólo por mencionar algunos ejemplos.

Esta realidad obligaría al Gobierno a presentar un proyecto de reforma tributaria, lo que significa más impuestos para los colombianos. Se había definido que a partir del 1 de enero de 2015, no habría necesidad de tener impuesto al patrimonio, y que el gravamen a movimientos finacieros pasaría del 4 al 2 por mil. Lo anterior refleja el fracaso de las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo que se habían establecido en 2013.

Esto implicaría, entonces, mantener los impuestos al patrimonio y el 4 por mil, incumpliendo una vez más la promesa de eliminar unos tributos que de provisionales pasaron a permanentes.

Incluso, pese al fracaso del Gobierno en este sentido, y a que se mantuvieran estos impuestos, el presupuesto estaría aún desfinanciado en $4,5 billones. Mantener esos dos tributos solamente dejaría un estimado de 8 billones de pesos ($3.3 billones de 4 por mil y $4.7 billones de patrimonio).  Insisto, sin haber tenido en cuenta los serios cuestionamientos que ha hecho la Contraloría.

Esto lleva a preguntarse ¿dónde queda la austeridad y la racionalidad del gasto? ¿Por qué se privilegian el derroche burocrático y los pagos financieros (el servicio a la deuda llega ya a $49 billones) sobre la inversión social? ¿Será eso admisible en una economía que se alardea de crecer al 6,4%, “una de las mayores del mundo”?

Sin entrar al debate sobre la prioridad en las políticas públicas, en el cual nunca se pondrán de acuerdo dos personas, lo que sí es evidente es que muchas de las promesas de campaña del presidente Juan Manuel Santos no tienen financiación para 2015: no tendremos, por ejemplo, jornada única escolar, ni nivelación de los salarios de los maestros, ni una de las 300 mil viviendas gratis, ni programas serios de formalización de empleo o de creación de nuevas empresas.  Así, muchos programas de los que se prometieron en campaña desaparecen como por arte de magia una vez se presenta la tijera del Ministerio de Hacienda. Qué diferencia entre política seria y política de campaña.

Asimismo, preocupa la desfinanciación por menores utilidades de Ecopetrol. Al respecto el Gobierno estima que se disminuirán las utilidades de la empresa de 3 a 4 billones de pesos entre el 2014 y el 2015. Pero el problema es que los estimados del Gobierno se están haciendo con un promedio de 1.023.000 barriles de petróleo al día, y los más optimistas consideran que esas estimaciones estarían alrededor de 910 mil, es decir, un 10% menos de ingresos, esto sin contar que las estimaciones se hicieron con base en un precio de U$98 el barril; muchos estiman que estaría realmente alrededor de U$90.

Los efectos inmediatos se verían en las transferencias por excedentes que entregará Ecopetrol, las cuales disminuirían.

En síntesis, una economía que crece pero que no tiene efectos en la mejora de calidad de vida y en el desarrollo económico de la Nación, es una economía mal manejada. O si no, preguntemos por qué el coeficiente de Gini lleva dos años sin mejora alguna, pese a los anuncios históricos a los que nos tiene acostumbrado este gobierno.

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