El hueco de 12,5 billones

El impuesto al patrimonio, como está planteado, es confiscatorio y de ahí a la inequidad no hay sino un paso.

En la campaña Santos II jamás nos contaron que las finanzas públicas estuvieran desequilibradas. Por el contrario, el Presidente exhibía con mucha razón a Colombia como la tacita de plata de América Latina. Hasta montó su campaña de reelección sobre unas promesas costosísimas, que sostuvo con garbo en su discurso de posesión: educación, equidad y paz.

Dos meses después, nos revelan un secreto que tenían muy bien guardado: no solo no hay plata para ninguna de esas promesas, sino que las finanzas públicas tienen un hueco de 12,5 billones, que, según algunos, llega a 15 billones. Para cubrirlo se prorrogarán gravámenes temporales-permanentes como el 4 x 1.000 y el impuesto al patrimonio. Pero aún no se sabe cómo pagarán las promesas de campaña, con el agravante de que ya las finanzas públicas ni siquiera podrán depender de los ingresos petroleros en la cuantía en que lo hacían, porque la producción nacional va a la baja y los precios internacionales también.

Conclusión: viene esta primera reforma, y después, otra u otras. El ministro Cárdenas, de cuyas excelencias académicas no dudo, pero de cuyas ambiciones presidenciales tampoco, no se meterá en una reforma de las que llaman los economistas integral, porque eso le dañaría su “caminao”. Pero con lo que apenas ha alcanzado a anunciar, algunos de sus colegas economistas han hecho críticas que parecen razonables.

Un gobierno que dos veces en el mismo año incumple su promesa de desmontar el 4 x 1.000 suena poco serio. Y con respecto al impuesto sobre el patrimonio, muchos se atreven a calificarlo no solo de antitécnico, sino de profundamente inequitativo, porque pone en la mira solamente a los colombianos que tienen algo y no a los que producen.

El impuesto al patrimonio se aceptó como un deber de solidaridad cuando ocurrió la emergencia invernal. Pero si se hace necesario volver a recurrir a él sin que ninguna catástrofe extraordinaria nueva (a Dios gracias) haya ocurrido en Colombia, y solamente para cuadrar las finanzas del Estado, ¿cómo podrá el Gobierno defender la eficiencia en su manejo y el Presidente conservar su hasta ahora merecida fama de buen administrador?

Las palas que han ayudado a cavar este hueco fiscal han sido la evasión, la corrupción y la ineficiencia del Estado; fruto de que no ahorramos para las vacas flacas, de exenciones tributarias injustificadas, de millonarios subsidios para apagar los incendios del agro y, en general, de comprar cualquier protesta laboral girando cheques del Estado.

Tener algo de patrimonio en Colombia, un país tan pobre, puede significar sencillamente el sueño de tener casa propia. Cuyo precio, por la actualización catastral, probablemente haya duplicado su valor, y estar además inflado por una burbuja inmobiliaria que persiste. Por lo tanto, serán muchos los colombianos no necesariamente ricos que calificarán para el umbral, aunque tener patrimonio no sea sinónimo de renta. Al respecto, el Ministro dice que si el bien es improductivo, pues que lo pongan a producir. ¿Pero si ese patrimonio es la casa donde una persona vive, qué hace? ¿Arrendar cuartos por hora?

Lo mismo sucederá con los industriales que tienen su patrimonio representado en un terreno y alguna maquinaria. No importa si están empezando, o si están perdiendo plata por la razón que sea. Pagan. En ese sentido, el del patrimonio es un impuesto confiscatorio y de ahí a la inequidad no hay sino un paso.

Con la vocación de permanencia que tienen los impuestos temporales en Colombia, cada cuatro años el Estado estará mirando qué consiguió cada cual con el producto de sus ahorros, y le será indiferente si ese bien produce renta o solo gastos. Por eso me preocupa el mensaje que se les envía a los colombianos: consuman, despilfarren, viajen, saquen la plata… ¡pero no vayan a ser tan brutos de ahorrar!

Entre tanto… Cuidado, féminas: ahora el capricho es un delito penal. De eso acusa la Fiscalía a Sandra Morelli.

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