El nombre de Luis Murcia puede no decirle mucho a la mayoría de la gente pero para la población de las zonas esmeralderas es un nombre que por obligación deben saber. Al igual que los jefes de otras familias como los Carranza, los Rincón y los Molina, se trata de alguien que hay que respetar como la autoridad de su región. Son quienes vigilan y hacen cumplir la ley, una ley que por supuesto no es la ley del Estado.

Que unas familias sean la autoridad de decenas de miles de colombianos que viven en los pueblos esmeralderos no es nada nuevo. Desde siempre el Estado ha renunciado a ejercer su autoridad allí. Ni siquiera cuando el Banco de la República explotaba las minas era capaz de hacer cumplir las leyes. Solo intervenía esporádica y tímidamente para apaciguar las guerras verdes que cada tanto estallaban entre las familias.

Ayer viernes el nombre de Luis Murcia fue de nuevo mencionado por la prensa nacional luego de que su cadáver fuera encontrado en Arbeláez, Cundinamarca. Es otro anuncio de la guerra verde que viene cocinándose desde hace unos años. Ya el zar Víctor Carranza había sobrevivido milagrosamente a dos espectaculares atentados con lanzagranadas y rifles y Pedro Rincón, alias ‘Pedro Orejas’, había perdido un hijo en un atentado.

Las alarmas están prendidas en el gobierno y la opinión, la guerra entre esmeralderos es inminente. Pero la verdad es que la guerra es lo de menos. Es solo un síntoma. Lo realmente dramático es que el Estado colombiano sea incapaz de poner orden y convertirse en la autoridad legítima en amplios territorios del país. Es como si el país de la esmeralda desde siempre hubiera sido parte de otro estado. Como lo es el país de la hoja de coca y recientemente el país del oro.

Sin embargo, el país de la esmeralda desnuda una debilidad aún más dramática. La coca es un producto ilegal, criminalizado por el propio estado, por lo que se comprenden las razones por las cuales para cualquier gobierno imponerse en esas sociedades es tan complejo. Para la población cocalera difícilmente una autoridad que destruye sus medios de subsistencia puede ser legítima.

Pero la esmeralda es un producto legal, que a diferencia del oro y la coca su explotación no está diseminada a lo largo del territorio nacional. La localización de las minas se conoce desde hace medio siglo. El Estado puede fácilmente ingresar con su fuerza y extraer impuestos para financiar los costos de construir su infraestructura institucional. Además, las condiciones de trabajo de los mineros rasos son casi de servidumbre, por lo que no habría un rechazo generalizado de la población si el Estado se impone en el terreno.

Lo que demuestra el caso de las esmeraldas es entonces que por alguna razón política el Estado ha renunciado a desplegar sus instituciones y su autoridad. No hay otra explicación. Más grave es que la razón pareciera ser la más obvia de todas: las elites políticas nacionales han encontrado que recibir respaldo de los esmeralderos no conlleva el mismo estigma que recibirlo de narcotraficantes y de paramilitares, así todos estén muy emparentados entre sí.

De otro modo, ¿cómo se explica que exista un video de Germán Vargas Lleras a caballo celebrando en Pauna, en pleno territorio verde, con tres jefes de familias esmeralderas sin que pase nada? Eso sin mencionar muchos otros episodios del pasado que incluyen hasta presidentes.