La justicia universal está cimentada sobre un elemento fundamental y es la igualdad ante la ley, aunque en ciertas ocasiones se deba modular dicha igualdad para exigir más a quienes por razones de su cargo o investidura merecen mayor reproche. Sin embargo en Colombia lo que ha operado es una completa asimetría jurídica, pues se aplican normas de carácter favorable a quienes combinando todas las formas de lucha combaten al Estado y se aplican las más desfavorables a quienes han estado al servicio de la Patria.
Basta con señalar el caso del señor Coronel Alfonso Plazas Vega, a quien le imputaron la conducta de Desaparición Forzada, conducta que no existía el miércoles 6 de noviembre de 1985, en el que los narco guerrilleros del M-19 aliados de Pablo Escobar, se tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia.
Mientras al señor oficial del Ejército le aplican normas con carácter retroactivo ignorando las más elementales normas del debido proceso, a los delincuentes del M-19 les dieron casa carro y beca y posteriormente han llegado a ser ministros, gobernadores y alcalde mayor de Bogotá en el caso de Gustavo Petro; es la ley del embudo, la asimetría jurídica en su mayor expresión.
Para evitar esta y miles de injusticias que se han cometido y se siguen cometiendo sistemáticamente en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas, los señores senadores Alfredo Rangel, Jaime Amín y María del Rosario Guerra, presentaron al inicio de la presente legislatura, un proyecto de Ley encaminado a crear un Tribunal Pro Tempore que revisaría las causas relacionadas con conductas ocurridas a partir del primero de enero de 1980.
El Tribunal Nacional pro tempore para la Fuerza Pública sesionaría durante doce años en los cuales se estima se haría justicia con los héroes de la Patria, pues no se entiende que hombres como el señor General (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, haya sido condenado a 37 años de prisión, al adjudicársele una posición de garante extendida, pues los hechos de los que se le acusaron ocurrieron fuera de su jurisdicción como comandante de la VII Brigada del Ejército; en tanto a narco paramilitares y narco guerrilleros tan malos los unos como los otros, que han ejecutado actos de barbarie en todo el territorio nacional, los despachan con penas máximas de cinco años y tranquilos a disfrutar de sus fortunas mal habidas.
Ahora además, pretenden desde Cuba llegar directamente al Congreso, sin el favor del voto popular. Si este Tribunal no es aprobado en el Congreso, será sin duda la cuota inicial para una violencia generalizada en Colombia, pues no es admisible, que quienes pierden la guerra en el campo de batalla, la ganen en los estrados judiciales y los vencedores queden como únicos vencidos. Un feliz día y mucha prosperidad.
