El debate de Cepeda contra Uribe es un reflejo de cómo se ha olvidado el punto común que hay en el origen de las distintas vertientes de paramilitarismo que surgieron en el país.

A mediados de los 70’s en el Partido Comunista (PC) la discusión de fondo no era sobre si acoger la combinación de las formas de lucha. Disponer de una guerrilla era un asunto que ya el PC había decidido desde hacía más de una década. La discusión importante era si dentro del repertorio de la lucha armada había lugar para el secuestro como medio de financiación.

Ese debate lo ganó la línea dura. Pero es casi seguro que en ese entonces la dirigencia comunista no imaginó los efectos que iba a tener la ejecución en la práctica del secuestro en la definición de la naturaleza de la guerra, ni mucho menos la reacción que generaría.

El secuestro sería definitivo en perfilar la trayectoria del conflicto colombiano por sus consecuencias en dos asuntos centrales. En primer lugar rápidamente dejó de ser un medio de guerra para convertirse en el propio centro de gravedad de la guerra. Se suponía que era tan solo una herramienta de acumulación de recursos para disponer de tropas y armas suficientes para derrotar al establecimiento. En la práctica las probabilidades de desafiar militarmente al estado eran nulas por lo que el secuestro se convirtió en un fin por sí mismo.

Lo máximo que pudo hacer la guerrilla en términos de control territorial fue copar las zonas rurales y semiurbanas que rodeaban las ciudades y municipios intermedios. Desde allí, así no tuvieran cómo amenazar la superioridad de las fuerzas de seguridad del estado, eran capaces de secuestrar a diestra y siniestra.

La respuesta contra la guerrilla no provino entonces en el desarrollo de un aparato de guerra capaz de neutralizarlas en combates regulares. Era necesario, por el contrario, el desarrollo de ejércitos irregulares que aniquilaran las redes logísticas, políticas y sociales que permitían a la guerrilla el uso sistemático del secuestro. De allí los ejércitos paramilitares y sus prácticas, desde masacres hasta exterminios políticos.

En segundo lugar, el secuestro definió las alianzas políticas entre determinados sectores contra la guerrilla y la izquierda legal. El secuestro no fue una práctica que azotara de manera homogénea a las élites. La capacidad militar de la guerrilla estaba concentrada en zonas periféricas, por lo que las élites agrícolas y ganaderas fueron las más afectadas. De igual modo los narcotraficantes como, un nuevo poder económico en las regiones, se convirtieron en una presa natural. No sería de sorprender que terratenientes, políticos y narcotraficantes se unieran en torno al paramilitarismo en una vendetta sangrienta contra cualquier sospechoso de colaborar con la guerrilla. El secuestro además de arruinarlos era una forma humillante de despojarlos de su propiedad.

Paradójicamente las grandes élites capitalistas, así como las élites políticas y sociales de Bogotá, contra quienes estaba dirigido el grueso del discurso del PC no fueron las principales víctimas del secuestro. La guerrilla no tenía la capacidad operativa para raptarlos en un número y en una frecuencia similar a la de las élites regionales.

En el debate del miércoles estaban las víctimas de esta decisión del PC, de lado y lado, pero fue un asunto que no quedó claro en medio de tantas pasiones.