Han pasado más de 2 años desde que el gobierno del presidente Santos reveló a los colombianos la existencia de las negociaciones que, en secreto, se realizaban con el grupo terrorista FARC. Tuvo que hacerlo público cuando se filtró la noticia en los medios y su primo, el ex vicepresidente Francisco Santos, en ese momento director de noticias de RCN Radio, publicó el documento que habían firmado con los puntos que serían negociados entre el gobierno y los terroristas (así están calificados por la ONU y la Unión Europea).
Las críticas no se hicieron esperar. Aunque el gobierno aseguraba que solo se negociarían 5 puntos, es claro que, el encabezado, el documento contiene una serie de consideraciones que implican negociar toda la institucionalidad colombiana y que las FARC insisten que está incluido en la negociación, aspectos que generaran mucha desconfianza y críticas entre los colombianos, con el ex presidente Alvaro Uribe Velez a la cabeza.
El gobierno, en vez de dialogar con los críticos y socializar sus puntos de vista, prefirió salir a descalificar y estigmatizar a los críticos, lo que generó mayores suspicacias sobre las intenciones “secretas” del Presidente. Lo epítetos contra los opositores pasaron desde “enemigos de la paz” hasta “mano negra”, pasando por “tiburones”, “guerreristas” y “buitres” entre otros, tratando de acallar las voces que reclaman la falta de claridad de las negociaciones y de las señales, que el gobierno da, sobre la posible impunidad a terroristas responsables de crímenes de lesa humanidad.
Los críticos del proceso exigen justicia, verdad y reparación. No están de acuerdo con la impunidad para personas que hayan cometido crímenes atroces, exigen que se hable del reclutamiento de menores y exigen se termine como condición para avanzar en las “negociaciones” y piden que se hable del desminado y entrega de los mapas de las regiones donde existen minas antipersona.
Exigen los críticos, el reconocimiento y reparación de las víctimas de las FARC, la entrega de todos los recursos obtenidos del narcotráfico para reparar a esas víctima y la entrega de todos los secuestrados, esta última una condición previa del gobierno que también fe incumplida por la contraparte.
El gobierno y las FARC, que parecen estar negociando impunidad para crímenes de lesa humanidad y el otorgamiento gratuito de representación política para estos criminales, al tiempo que niegan la existencia de las “víctimas de las FARC” llamándolas “víctimas del conflicto”. Para ello han instalado una comedia, dirigida por personas ideológicamente afines al grupo sedicioso, burlándose de las víctimas y de todos los colombianos, al enviar grupos de “víctimas” entre las cuales van víctimas que nada tienen que ver con el proceso en negociación. Lo que el ciudadano de a pie percibe es que saldremos a deberle a las FARC por 50 años de barbarie y de terror.
Se caracterizan los caminos hacia la impunidad cuando se habla de la conexidad del narcotráfico con el delito político así como otros crímenes como el secuestro y el terrorismo, reclutamiento forzado, que constituyen crímenes atroces. Con este tipo de artimañas y con la complicidad declarada, en los medios, por muchos agentes de la justicia, terminaran las FARC en el congreso y los militares en las cárceles. Esta es una maroma política y jurídica ya ensayada con éxito en los demás países del Cono Sur.
Un colombiano, medianamente informado, percibe que el Gobierno quiere dar gusto, en todo, a las FARC y que no pagarán un día de cárcel; que irán al congreso; que no entregarán las arma;, que habrá desmonte definitivo del fuero militar; que habrá reducción sustancial de las FFAA y que se realizará una asamblea constituyente para reformar al Estado con miras a la implantación del socialismo del siglo XXI. Con la figura zonas de reserva campesina, en las cuales no exista presencia de autoridades del estado, se entregará al país a la anarquía y al narcotráfico.
Lo mas paradójico del asunto es que el Gobierno anunció una discreción “acordada” previamente, pero las FARC, desde el primer día, han violentado el acuerdo, con lo cual el gobierno ha sido complaciente, pues les dio un micrófono a través del cual han sembrado toda la desconfianza posible entre los colombianos con sus mensajes contradictorios, en los que, no solo desmienten cada anuncio que hace el gobierno sobre los avances del proceso, sino que a través de ellos también estigmatiza y amenazan a los críticos, llegando incluso a sugerir que esos críticos debían “desaparecer”, lo cual se traduce inmediatamente en comunicados, de frentes guerrilleros, declarando objetivo militar a todos los miembros del Centro Democrático.
