Se obedece, pero no se cumple

En los tres años que lleva en el cargo bien hubiera podido remodelar la plaza sin cancelar su uso.

Encomenderos y conquistadores desobedecían las leyes de Indias que promulgaba la Corona española para favorecer la población indígena. Invocaban el aforismo de don Gonzalo de Oyón, “al rey se le obedece, pero no se le cumple”, que fue “portillo abierto a muchas arbitrariedades”.

Todavía algunos funcionarios acuden a idéntica fórmula en relación con las leyes que los obligan. Declaran acatarlas, pero con pretextos y artilugios les maman gallo, someten su vigencia a decisión de otras instancias, ganan tiempo para burlarlas y remiten el asunto a quien los reemplace en el puesto.

Es lo que está haciendo el alcalde Petro con las corridas de toros. Jurídicamente el tema es claro, porque la Constitución, la ley y sentencias de la Corte Constitucional autorizan su realización y no facultan a los alcaldes para prohibirlas ni para disponer cómo deben desarrollarse.

Siendo congresista, él participó en la expedición de las leyes que así lo disponen. No se opuso ni las votó negativamente. Sin embargo, de hecho, las prohibió por razones político-electorales.

Alex Vernot, tal vez su asesor más cercano, dijo a La Silla Vacía que lo decidido por el Alcalde “es de una brillantez política impresionante… sabe que a los toros va una minoría… la mayor parte de la gente no va porque no tiene plata… traza así una línea donde él se queda con la mayoría de la ciudadanía y se enfrenta a una oligarquía… ese enfrentamiento es políticamente muy inteligente”.

El éxito de esa jugada política exigía encontrar atajo que permitiera posponer por varios años el cumplimiento de la ley y las sentencias de la Corte, después de repetir que se respetaban sus determinaciones.

Antes de que el artificio fuera público, Guillermo Reyes, ‘exvice’ de Justicia y exmiembro del Consejo Electoral, sin pedir reserva, contó en concurrido desayuno que el grupo de abogados asesor del Alcalde, todos de calificados títulos, le había advertido: prohibiendo las corridas, Ud. viola la ley; si quiere que no lo sancionen, permítalas.

A la reunión siguiente, Petro les dijo: tengo respuesta a su preocupación jurídica, la Santamaría será objeto de estudios y trabajos que tomarán varios años.

Pocas semanas después, anunció que el Distrito invertirá 37.000 millones de pesos en su restauración y reforzamiento estructural y en el mejoramiento del espacio público que la rodea, todo de acuerdo con lo que disponga el Ministerio de Cultura.

Nadie sabe cuánto tiempo pueden demorar esas decisiones y la ejecución de las respectivas obras. Como estarán a cargo de entidades públicas, seguramente varios años. De esa manera, el Alcalde dice que acata la ley, pero no la cumple, porque en los tres años que lleva en el cargo bien hubiera podido remodelar la plaza sin cancelar su uso.

Con motivo del Mundial de Fútbol Sub-20, el estadio El Campín, de Bogotá, fue objeto de obras, inclusive de reforzamiento, que costaron 35.000 millones de pesos y que se ejecutaron gradualmente para que el estadio pudiera utilizarse durante el campeonato profesional, aunque para unos pocos partidos se redujo el número de cupos y asientos disponibles.

Que no cumpla la ley como Alcalde no quiere decir que Petro no sea hombre de palabra. Por eso tiene razón Antonio Caballero cuando dice que como “aseguró que prefería retirarse del cargo antes que permitir que en Bogotá volvieran a celebrarse corridas de toros, la ciudad entera agradecería que cumpliera su palabra”.

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