Senadora Paola Holguín se une a manifiesto por estudiantes venezolanos

Senadora Paola Holguín se une a manifiesto por estudiantes venezolanos

La captura y entrega de los jóvenes venezolanos Lorent Saleh y Gabriel Valles por parte del gobierno colombiano al gobierno venezolano constituye una gravísima violación de las más elementales normas de solidaridad humana y del derecho internacional humanitario, además de un grave precedente para la convivencia civilizada entre las naciones latinoamericanas.

Lorent Saleh se encontraba fuera de su país por ser un perseguido político del gobierno venezolano, por su trabajo perseverante en favor del restablecimiento de la democracia venezolana y de los derechos humanos,  sobre todo los de los presos políticos, trabajo conocido no solo en Venezuela, sino en toda América Latina.  La persecución política abierta de la que fue víctima, incluyó violentos ataques físicos por las fuerzas policiales venezolanas y los grupos armados simpatizantes del gobierno, llevándolo a la decisión de abandonar Venezuela, país en el que durante los últimos meses han ocurrido grandes protestas sociales que han traído como consecuencia muertos,  miles de detenidos y cientos de denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por las fuerzas de seguridad del gobierno.

El gobierno colombiano estaba en pleno conocimiento de esta situación y nunca ha debido entregar a estos jóvenes venezolanos a la policía política de ese país, a sabiendas del peligro inminente que para sus vidas y su seguridad personal constituía dicha entrega. La Convención Americana sobre Derechos Humanos,  dice en su artículo 22.8 que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. El gobierno colombiano ha podido escudarse en los tratados internacionales de los cuales es parte para protegerse de la presión indebida a las cuales de seguro fue sometido por el gobierno de Nicolás Maduro.

Repudiamos la actitud del gobierno colombiano y lo responsabilizamos de cualquier tipo de violencia que puedan sufrir estos jóvenes en prisión. Queremos hacerle un llamado a los gobiernos latinoamericanos sobre la difícil situación que atraviesa Venezuela en estos momentos, y cuya represión ha llevado a cientos de miles de personas a cruzar sus fronteras en busca de seguridad, protección y paz. El derecho humanitario no debe ser letra muerta que cede ante intereses subalternos. La solidaridad con los perseguidos políticos que defienden la democracia y los derechos humanos debe siempre prevalecer sobre cualquier otra consideración.

 

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