La justicia, que según los tratadistas es la virtud de “dar a cada uno lo suyo”, es representada por una dama de ojos vendados que simboliza la objetividad con que cumple y hace respetar las leyes; lleva consigo en una de sus manos una balanza y en la otra una espada, metáforas de la equidad y fuerza de la razón.

En nuestro país, esa dama ciega nada significa; aquí la justicia se administra con los ojos bien abiertos para identificar a los opositores a un régimen que mancilla a diario los más elementales principios del derecho, con escandalosos fallos sugeridos de antemano por quienes blanden el sable y, por supuesto, sin los contrapesos  implícitos en el debido proceso y el derecho a la defensa.

Aquí la justicia es una dama enloquecida por la sed de venganza que reparte dentelladas contra todo aquel  que trate de encausarla. Ello explica su sinuoso proceder en los casos del comisario Iván  Simonovis  y del doctor Ángel Sarmiento, presidente de la seccional aragüeña del Colegio de Médicos.

El primero, encarcelado por razones políticas y sometido a un juicio amañado que culminó con una arbitraria sentencia que lo condena a 30 años de prisión, acaba de ser “beneficiado” con casa por cárcel, una decisión de corte propagandístico orientada a minimizar los efectos que, en la opinión pública, ha causado el hostigamiento al segundo de los mencionados, el médico que tuvo la valentía de aventurar una explicación sobre lo que misteriosamente estaba ocurriendo en el Hospital Central de Maracay y que ha cobrado unas cuantas vidas.

Al contrastar los referidos casos pareciera que las fuentes de la juridicidad local fuese el famoso “uno por uno”, que se impuso en las radioemisoras tiempo atrás. Es decir, yo te doy a Simonovis y tú me das al doctor Sarmiento, sin que en el fondo importe la calidad del proceso sino la cantidad de procesados.

De modo que si un tribunal dicta una medida (dizque) humanitaria cargada de severas restricciones (como en el caso del comisario de la PTJ), otro se verá compelido a actuar con celeridad para complacer a los mandamases rojos y ordenar  privativas de libertad a quienes, actuando de acuerdo con sus convicciones éticas, desafían las versiones oficiales que intentan ocultar la verdad a la población sobre temas sensibles como la salud.

Ese precepto numérico desnaturaliza la justicia, convirtiéndola en práctica contable, de modo que al finalizar el año judicial los jueces se llenen la boca con balances alimentados por la iniquidad. Esta es una de las muchas perversiones que han corrompido la superestructura legal, para colocarla al servicio de un programa político.

Tal práctica es incompatible con el derecho, tal como se entiende en un sistema democrático: se prefiere transitar por la vía rápida, no para dilucidar conflictos sino para castigar sumariamente a quienes etiquetan de infractores de acuerdo con un sui géneris código de procesamiento judicial, basado en la sospecha como prueba y la retaliación como objetivo de sus dictámenes.