Acuerdo Agrario III – Institucionalidad

Acuerdo Agrario III – Institucionalidad

¿Cómo y con qué se va a emprender la recuperación del campo que se le está debiendo al país y hoy hace parte de los compromisos de La Habana? Una primera preocupación son los recursos. Al final del documento el Gobierno se compromete vagamente a asegurar la financiación, pero las Farc van más allá de esa promesa unilateral y gaseosa, para exigir que “lo concerniente al compromiso por parte del Gobierno de financiación (…) será discutido al llegar al último punto de la Agenda”. Lo cierto es que hoy no se ven los recursos.

La segunda tiene que ver con un revolcón institucional “al estilo Farc”, con más demagogia que gerencia, más populismo que administración pública.  Se habla de nuevas instancias nacionales y nuevos instrumentos, todos excluyentes, pues desaparece la política pública para la mediana y la gran producción empresarial, y se impone un desenfocado componente de alta “participación comunitaria” en toda la institucionalidad sectorial.

Es un tema sensible, lo sé, aunque de fondo. La democracia descansa en la participación ciudadana, pero a través del sufragio y el control social efectivo, mas no en los procesos de formulación, decisión y ejecución de las políticas públicas, para los que la sociedad delega en el Legislativo y en sus gobernantes. En otras palabras, la participación ciudadana se resuelve en el voto responsable y en mecanismos de veeduría que funcionen, pero no en una administración de “cabildo abierto”. Reemplazar el Estado de derecho por un Estado “comunitarista” es camino conocido en el vecindario, para concentrar el poder en quien tiene capacidad de controlar a las “comunidades”, ya sea con dinero o por temor.

El país conoce lo que ha representado para importantes proyectos de desarrollo la obligada consulta a comunidades manipuladas políticamente. Pero ese riesgo no parece importar, porque la “institucionalidad comunitaria” no se concibe para el sector financiero, las comunicaciones o la gran industria. Al final, ¿qué importa?, es solo el sector agropecuario.

El gremio ganadero lleva quince años solicitando el fortalecimiento del ICA para lograr acceso sanitario a los mercados, y del Invima para tener un sistema de vigilancia al sacrificio de ganado y la manipulación de cárnicos y lácteos que cumpla estándares internacionales. Desde que nació Incoder denunciamos que ese Frankenstein con retazos de instituciones que no sobrevivieron a la corrupción y la inoperancia, tendría la misma proclividad a los mismos defectos. Desde que murió la Caja Agraria para resucitar en Banco, reclamamos que se trataba de un lavado de cara, otra vez para enterrar pasados de corrupción, y que iba a perder su vocación de fomento, como en efecto sucedió.

Fuimos “regañados” por señalar que, a pesar de importantes esfuerzos, la oferta de crédito de fomento es insuficiente y las condiciones no consultan la realidad productiva. Desde que Corpoica se escindió del Ica, esperamos esa gran institución que sirva de motor a la investigación, la asistencia y la innovación, pero seguimos envidiando con complejo de enanismo a entidades como Embrapa de Brasil. Hemos reiterado que los retos de la restitución de tierras no se resuelven con una endeble “Unidad” adscrita al MADR, con más buenas intenciones que herramientas. Para semejante tarea propusimos, inclusive, hasta un ministerio “pro tempore”.
Después de veinte años o más, nada o muy poco ha pasado, y ahora, como por ensalmo, todo será posible. Aunque no vemos respuestas en el documento, de verdad, y sin carga de ironía, hacemos votos porque así sea, pues, de lo contrario, la recuperación del campo se quedará otra vez embolatada, y con ella la paz de Colombia.

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