En entrevista a El Tiempo  ayer domingo el fiscal Montealegre confiesa haberse dado cuenta tras su visita de otoño a la Corte Penal Internacional, La Haya, que la suspensión de sentencias a los responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad no es factible. Tuvo que oírlo de labios de la fiscal Bensouda porque ni él ni su vicefiscal estudian lo que les toca. Habría podido ahorrarle a la necesitada Fiscalía General los millones que costó el viaje y evitarse los helados ventarrones nórdicos que por estos días sacuden la capital holandesa. En esta columna lo hemos repetido: ni la ONU ni la comunidad internacional van a aceptar la impunidad que Montealegre viene planteando.

La noticia que le transmite el alelado Fiscal al país coincide con dos declaraciones que las Farc hicieron en La Habana para celebrar el arribo apoteósico de alias Romaña a los diálogos. En la primera se manifiesta que la dejación de armas resultante de un acuerdo tiene que ser entendida como su no utilización. Corolario: no habrá entrega de armas. En la segunda se propone un armisticio. Miremos entonces.

El negociador Sergio Jaramillo Caro es, según los medios, filólogo y filósofo. No terminó su doctorado en griego y latín pero sin duda tiene que manejar el mundo fascinante de las raíces latinas. Sabrá que la palabra armisticio viene del latín armistitium. Se compone de los términos arma y la raíz de verbo stare. Este sufijo, participio con apofonía radical, indica resultado. Y el resultado es aquí preocupante dentro de nuestro contexto. Indica que las armas se mantienen enhiestas, apuntando en su lugar. Se estacionan y no se emplean.

Pero avancemos dentro de la realidad del derecho internacional y la historia bélica. El armisticio es, en efecto, una suspensión que se regula por primera vez en los artículos 36-41 de los Convenios de La Haya de 1907. De su contenido sabemos que el armisticio es de carácter provisional pero quienes lo pactan tienen garantizada la condición de beligerante. Aprobado el armisticio, que debe ser concluido entre los jefes supremos de los ejércitos (serían el presidente Santos y el cabecilla de las Farc), se suspenden hostilidades (nuestras Fuerzas Armadas no podrían actuar). Es una comisión internacional autónoma el órgano neutral que verifica el cese. El beligerante ofendido (frente a violación del cese) puede incoar reclamaciones e indemnizaciones.

La práctica bélica contemporánea ha instituido el armisticio-capitulación que obliga a la rendición simultánea de las armas. Sólo este tipo de armisticio preservaría la soberanía e institucionalidad del Estado colombiano.

Los armisticios no tienen las mejores credenciales históricas. Recuérdese el armisticio de la Francia humillada de Pétain. O el armisticio entre las dos Coreas de 1953 que es el preludio de una tensión bélica que lleva 60 años. O el armisticio de Navidad en 1914 entre Gran Bretaña y Alemania, recién iniciada la Primera Guerra, que fue seguido de las peores agresiones del ejército alemán.

Los negociadores De La Calle y Jaramillo Caro se han investido de un exótico fuero de sabiduría y omnisciencia. Yo espero que las luces jurídicas de Jaramillo -quien también las asumió en lo financiero, presupuestario-fiscal y socio-económico- estén alertas, en extremo despiertas, porque la suscripción de un armisticio atolondrado podría -Dios no lo quiera- romperle el espinazo a nuestra maltrecha institucionalidad.  En adelante, las Farc -cuya posición en el sentido de no hacer entrega de las armas es más que contundente- reclamarían su beligerancia internacional.

Montealegre por fin entendió. Ojalá De La Calle y Jaramillo lo hagan también.