Mientras a los españoles sus gobernantes les exigen toda clase de sacrificios y economías, los políticos de todos los niveles persisten en hundir sus instituciones en el abismo de la corrupción.

El gobierno español intenta una y otra vez recuperar un clima de confianza que permita hacer creíble que la recuperación económica es ya una realidad. Pero sus ciudadanos se enteran cada día de nuevos escándalos de corrupción provenientes de los dos grandes partidos (el Popular y el Socialista), de las agrupaciones nacionalistas como la catalana, así como de conductas punibles de personajes públicos y de dirigentes privados.

Los españoles son poco proclives a la resignación, viven casi siempre inconformes incluso en épocas de bonanza, y en las últimas décadas han sido muy exigentes con el sistema de prestaciones estatales propias del Estado de Bienestar.

De 2004 a 2011, período de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el país creyó avanzar en derechos sociales y en reivindicaciones de las minorías, mientras dejaba de hacer todo lo necesario para evitar caer en una de las más profundas crisis económicas de la Unión Europea. Cuando Rodríguez Zapatero vio que la crisis era inevitable y el país se hundía, convocó elecciones anticipadas el 20 de noviembre de 2011. El PSOE sufrió una humillante aunque merecida derrota, y el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta, que le permitiría tomar las medidas drásticas de ajuste económico.

Los votantes, y en general los ciudadanos españoles, sabían a qué atenerse si querían superar el bache. Las medidas económicas se adoptaron, el apretón en los hogares fue duro y doloroso, y el compás de espera para ver los resultados positivos aún sigue.

Pero lo que no se esperaba la ciudadanía era que, al tiempo que le exigían toda clase de sacrificios, muchos políticos se comportaran como una casta voraz e insaciable. La corrupción, que viene de décadas atrás, adoptó nuevas modalidades y de ella no se libran ni el PSOE ni el PP de Rajoy.

Buena parte de la cúpula del PP está siendo procesada judicialmente por la financiación ilegal del partido, por doble contabilidad, por uso de fondos ocultos y por no reportar ingresos. También el PSOE tiene cuentas judiciales pendientes en Andalucía, por el robo continuado de millones de euros que debían destinarse a desempleados y al fomento de pequeñas y medianas empresas.

La situación en España ha llegado a tal límite que el presidente Rajoy, habituado a callar y a no enfrentar grandes decisiones, ha pedido perdón en el Senado por todos estos casos de corrupción.

Y en tanto los dos grandes partidos se desprestigian mutuamente, una nueva agrupación política llamada Podemos, liderada por simpatizantes del chavismo bolivariano suman imparable fuerza electoral. Su acceso al gobierno sería un salto al vacío de impredecibles consecuencias. Cada nuevo escándalo político de los otros partidos les asegura miles de votos que sabrán rentabilizar para arrinconar a unos partidos que no supieron ganarse la legitimidad, rebajados como están en robar de donde se pueda.

Viendo esa triste realidad, cabe preguntarse una vez más si fue que España se latinoamericanizó, o si es que Latinoamérica -donde nadie puede tirar la primera piedra- nunca se ha desespañolizado. En Colombia, donde la corrupción pública y privada es sistémica y al parecer invencible, la ciudadanía no reacciona contra ella y parece acomodarse. España, en cambio, puede confiar en una ciudadanía activa que obligue una regeneración moral.