Cada día se hace más difícil mantener la fe y la esperanza en el proceso de La Habana.
No solo por la lentitud con que avanza —más tolerable si las Farc hicieran actos concretos de paz y sus voceros le bajaran a la retórica—, sino en especial por la ambigua actitud de éstos frente a las víctimas, que se hace evidente en el uso reiterativo de la difusa categoría “víctimas del conflicto” para eludir la cuota de responsabilidad que les cabe en la guerra, y en el reciente y descarado desconocimiento de tres personas en particular como víctimas suyas: Íngrid Betancourt, Clara Rojas y el general Luis Mendieta. Un gesto de cinismo repugnante.
Razón tiene Humberto de la Calle cuando les advierte que llegó la hora de asumir un compromiso más categórico con las víctimas, y justificado es el escepticismo del general Mendieta, que no solo no vio en La Habana señales de cambio en la actitud de los voceros de la guerrilla, sino que fue descalificado como víctima con el argumento de que había sido prisionero de guerra, como si eso los eximiera de toda responsabilidad.
Olvida el prepotente Iván Márquez, por mucho tiempo lejos del combate, viviendo con comodidad en Venezuela y en La Habana, que tanto para el derecho consuetudinario de la guerra como para el DIH, el hecho de que un grupo armado sea parte en un conflicto interno —llámese como se llame, guerrilla, ejército popular, ejército de liberación, frente de resistencia o grupo criminal— obliga a sus miembros a respetar las normas de la guerra. Y éstas prohíben la toma de rehenes y establecen que los combatientes que quedan fuera de combate —por haber depuesto las armas, por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa— deben ser considerados como prisioneros de guerra (siguen siendo militares en situación especial) y recibir un tratamiento digno, sin menoscabo alguno de sus derechos (Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra).
No fue el que recibió el general Mendieta durante los más de 11 años que estuvo en poder de las Farc, ni el que recibieron los otros policías y soldados que compartieron cautiverio con él y malvivieron en campos de concentración en la selva, sometidos a tratos degradantes, insultos y tortura psicológica. Imposible no recordar la desgarradora carta de Mendieta en la que describe los horrores que debió soportar, las cadenas en el cuello, las enfermedades mal tratadas, “la agonía mental” por la irracionalidad de la situación que vivía. Las Farc violaron todos sus derechos y deben responder por ello. El DIH protege al general y a sus compañeros, lo mismo que a los guerrilleros presos cuyos derechos han sido o son violados en las cárceles oficiales.
Con respecto a las víctimas, el Estado ha hecho una parte: reconoció la existencia del conflicto y de los más de seis millones de víctimas que ha dejado, creó una unidad especial para su atención y promulgó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras para su reparación. Las Farc, soberbias y desconectadas de una ciudadanía hastiada de la guerra, se resisten a aceptar, sin eufemismos ni matices, el daño que han hecho y las víctimas que han dejado. No parecen entender que superar la guerra exige, por encima de todo, reconocer a las víctimas, porque son ellas y solo ellas las que dan sentido moral al proceso que busca deslindar la violencia de la política.
