Álvaro Uribe: «La guerrilla ha recobrado fuerza con el Gobierno de Santos»

Álvaro Uribe: «La guerrilla ha recobrado fuerza con el Gobierno de Santos»

Álvaro Uribe gobernó Colombia entre 2002 y 2010. Este año se convirtió en el senador más votado, y aupado al frente de su partido, Centro Democrático, es el mayor opositor a la negociación con la guerrilla de las FARC. En una entrevista telefónica, afirma que los colombianos están perdiendo la confianza en el diálogo de paz.

–¿El secuestro del general Alzate es un intento de las FARC de romper las negociaciones?

–El secuestro del general Alzate no es un hecho puntual, sino la consecuencia del deterioro progresivo de la seguridad en el país. En estos cuatro años del Gobierno de Santos, el país ha visto crecer enormemente la violencia. Hasta hoy, el balance de las FARC es el siguiente: durante la negociación han cometido 805 atentados, han asesinado a 104 civiles y herido a 326. También han matado a 640 miembros de las Fuerzas Armadas y herido a 705. Además, han perpetrado 59 secuestros al tiempo que hay un aumento descomunal de la extorsión.

–¿Este secuestro demuestra que las FARC están divididas ante el proceso de paz de La Habana?

–Los cabecillas del terrorismo que están en Cuba han asumido el secuestro y le piden al país lo imposible, que es un cese bilateral de acción, lo que significa que las FARC cesan sus acciones criminales y el Gobierno cesa su tarea de dar seguridad. En una democracia esto es imposible. Si las FARC se sienten autorizadas para pedir es porque han recobrado fuerza en estos años y porque el Gobierno ha aceptado igualar al terrorismo con las instituciones democráticas.

–¿Se van a reanudar las conversaciones con las FARC en Cuba?

–No lo sé, pero este proceso tiene varios problemas, entre ellos un abandono de la seguridad. Si el presidente Santos hubieran mantenido la seguridad, Colombia estaría ahora en paz porque seguramente los cabecillas no tendrían estructura criminal para delinquir en Colombia. Este proceso le ofrece impunidad a las FARC, y eso es un mal ejemplo para otros grupos que delinquen en Colombia. Una cosa son los beneficios jurídicos –que nosotros aceptamos– y otra la impunidad. Este proceso le da legitimidad política a los criminales responsables de atrocidades, otro mal ejemplo. Antes de este secuestro, el presidente Santos estaba proponiendo ampliar el concepto de «delito político» para amparar la impunidad al narcotráfico y a otros delitos atroces. Esto es muy grave, porque las FARC son el principal cartel de cocaína del mundo. Y está relacionada con los 43 estudiantes asesinados en México porque las FARC han sido el proveedor de cocaína de esos carteles. Y ahora el Gobierno está discutiendo la agenda nacional con un grupo terrorista. Nosotros decimos: diálogo sí, pero con cese unilateral de actividades militares, sin impunidad y sin comprometer la agenda de la democracia colombiana.

–¿Hasta dónde puede aguantar la confianza de los colombianos en los diálogos si no hay un acuerdo en los próximos meses?

–La confianza se viene deteriorando. Hay un crecimiento de la violencia en el país. La ciudadanía está atemorizada, ha perdido la voluntad de denunciar. Con nuestro Gobierno, la ciudadanía denunciaba. Las redes de informantes tenían a 4,6 millones de ciudadanos que informaban sobre delitos a través del teléfono. Eso hoy está desmontado, y las Fuerzas Armadas están desmotivadas. La ciudadanía se ha visto obligada en muchas partes del país a pagar extorsión al terrorismo en lugar de denunciar porque se siente desprotegida. Y esto está coadyuvando a deteriorar la economía. Puede haber un deterioro en la seguridad, un deterioro en la inversión y en la política social, que se quedará sin financiación.

–Si Santos no logra la paz en el próximo años, ¿puede haber cambios políticos de calado?

–No quiero hacer cálculos. Simplemente estoy preocupado por Colombia. El país que votó hace cuatro años por Santos era un país que tenía optimismo, y hoy tiene pesimismo; era un país que empezaba a tener un desempeño sobresaliente en seguridad, en inversión y en política social; hoy las cifras en este sentido son mediocres.

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