Colombia, democracia que pierde legitimidad

Colombia, democracia que pierde legitimidad

“La paz no nace de contemplar bandidos. La paz nace del ejercicio de autoridad”. Álvaro Uribe Vélez

El objeto fundamental de ciencia política podríamos describirlo, así: el estudio y análisis de las formas de obtener el poder político, ejercer el poder político y sostenerse en el poder político. Sin duda, la mejor tecnología del poderes la Democracia Liberal y su manera de crear riqueza, la economía de mercado.

Max Weber definía el poder como la capacidad de imponer la voluntad contra toda resistencia. La herramienta capaz de imponer su voluntad es el Estado.

A lo largo de la historia de la humanidad, en los diferentes tipos de sociedad, la naturaleza del poder político es la misma: la dominación, gobernantes y gobernados, la construcción y conservación del orden social -político-económico.

El fundamento del poder político es la legitimidad: las razones con las que el poder se justifica para ser aceptado. La legitimidad se refiere al título del poder (Democracia Liberal), la legalidad al ejercicio del poder.

A continuación nos hacemos una pregunta esquemática, cuya finalidad es mostrar la pérdida de legitimidad de la Democracia Colombiana.

¿Cuál es la diferencia entre Democracia y Dictadura?

Desde la perspectiva  política la diferencia radica en la fundamentación del poder: una dictadura es un poder de hecho, una democracia es un poder legítimo. En las dictaduras se gobierna con la fuerza y en las democracias con la persuasión, el consenso, el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales.

En la Historia se observa éste proceso de cualificación del poder, sin perder su naturaleza. Poderes legítimos de acuerdo a un contexto histórico y cultural, se tornaron ilegítimos y a la inversa poderes de hecho se consolidaron como poder legítimo, es decir, la relación poder de hecho y poder legítimo no es estática, se manifiesta como un proceso de legitimación que tiene como requisito fundamental la continuidad en el ejercicio del poder y la construcción de un discurso que justifique el poder político, la producción y aplicación de normas jurídicas. Al respecto dice Ferrero: “Solo la justificación cualquiera que esta sea, hace el poder de mandar un derecho y la obediencia un deber, es decir transforma una relación de mera fuerza en una relación jurídica” (Citado por Bobbio en Origen y Fundamentos Del Poder Político, editorial Grijalbo)

El accionar narcoterrorista en Colombia demuestra que la legalidad no es suficiente, sectores minoritarios de la población que no aceptan la autoridad del Estado, con discurso de justicia social, compiten por la legitimidad.

En la coyuntura política actual y sus perspectivas, este problema de legitimidad se manifiesta dinámicamente en dos escenarios estratégicos: a) la continuidad de la política de apaciguamiento, la búsqueda de un “acuerdo de paz” entre el narcoterrorismo y el gobierno de Colombia. “Acuerdo de paz” legitimador del narcoterrorismo y creador de condiciones para la toma del poder político por parte del narcoterrorismo; o b) la recuperación y consolidación de la política de Seguridad Democrática hasta la derrota del narcoterrorismo.

El reconocimiento político por parte del gobierno y el orden jurídico nacional al narcoterrorismo tiene como necesaria consecuencia la pérdida paulatina de legitimidad de la Democracia Colombiana. El acuerdo firmado el día 26 de agosto del 2012 entre el Gobierno nacional y los narcoterroristas de las Farc titulado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, reconoce como necesario para “construir la paz” reformas político-sociales y ajustes institucionales para garantizar la paz por medio de una asamblea Nacional Constituyente o un referendo. El 20 de julio de 2013 dijo el presidente Juan Manuel Santos: “estamos ante una oportunidad real sin dudas ante la mayor oportunidad de nuestra historia de poner fin al conflicto armado” (editorial el tiempo, 25 de julio de 2013). En la misma dirección el Fiscal general Eduardo Montealegre, legitimando los crímenes de lesa humanidad del narcoterrorismo y preparando  la opinión pública nacional e internacional para la aceptación de un marco de impunidad en beneficio de la “paz”, reiteradamente ha dicho que los narcoterroristas paguen con trabajo social las penas impuestas por la Justicia Alternativa. En otras palabras, ni un segundo de cárcel.

Llama la atención que las reformas sociales no sean propuestas directamente en el Congreso De La República y como políticas pública del Estado sino que son producto de un acuerdo con el narcoterrorismo. Estamos frente a un fenómeno concreto del problema de legitimidad planteado por la Ciencia Política. Es claramente una situación de disputa en materia de legitimidad entre el narcoterrorismo de las Farc y la Democracia Colombiana.

La “solución política negociada” deslegitima la Democracia porqué justifica el terrorismo. La seguridad es uno de los valores fundantes de la Democracia. La seguridad democrática es necesaria para solucionar los problemas sociales que aquejan a la patria y construir la prosperidad social.

En la búsqueda de la verdadera paz hay que recuperar y consolidar estratégicamente la política de seguridad democrática. Derrotado el narcoterrorismo, cesaría el proceso de perdida de legitimidad de la Democracia Colombiana, estaríamos en un momento según Bobbio, en el cuál la legitimidad se disuelve en la efectividad y la legalidad. La Democracia Colombiana estaría en condiciones de construir el bienestar de sus ciudadanos.

En conclusión es válida la siguiente reflexión: en la reciente historia nacional los gobiernos promotores de la “política de paz”, de la “reconciliación entre los Colombianos” y del “proceso de paz”, son la causa de la continuidad y la persistencia de la amenaza terrorista generadora de pobreza en el campo y en la ciudad.

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