La prepotencia de las FARC

El impresionante poder económico de las FARC, revelado recientemente por medios internacionales, es lo que más debe preocupar al Gobierno y a los colombianos.
El negocio del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el chantaje, han sido su principal fuente de financiación, su filosofía e ideología política, son apenas un sofisma de distracción para justificar tantas muertes, destrucción y desolación que han dejado en sus casi sesenta años de existencia.

Es claro que el impresionante poder económico de las FARC, los ha convertido en un grupo de narcoterroristas con pretensiones reales de poder y mando, razón por la cual el cumplimiento de las normas que regulan nuestro Estado de Derecho, aún convenidas en la mesa de diálogo, les importa un carajo, se darán el placer de seguirlas pisoteando cuantas veces sea necesario. 

Ya los hemos escuchado a través de varios comunicados leídos desde la Habana, cómo se pavonean frente a los negociadores del Gobierno, integrado por un grupo de connotados ciudadanos, es claro que ya a estas alturas del diálogo, después de más de dos años sin resultados positivos, es conveniente hacer un replanteamiento del proceso de paz, pero, que sea serio y avalado por la comunidad internacional, para que así tengan confianza de invertir en la fase del posconflicto.

Como siempre lo hemos reiterado por esta columna, somos constantes pregoneros de la paz y la añoramos con todas nuestras ansias, con el fin de dejar la mejor herencia a nuestros hijos, a las presentes y futuras generaciones, sin embargo, cuando en las negociaciones se tienden cortinas de humo, para justificar hechos inciertos, hay que proceder de inmediato a aplicar los correctivos correspondientes, puesto, que, de lo contrario, se queda bajo el imperio de un solo interlocutor, que por lo regular actúa con altanería y prepotencia, sin ningún criterio social, ni respeto por las Instituciones del Estado. 

Después de casi sesenta años de confrontación armada con diferentes grupos que operan al margen de la Ley, es apenas justo que hagamos un alto en el camino y abramos espacios de reconciliación, pero, bajo un cronograma real y específico.

Los diálogos que se adelantan en la Habana- Cuba, entre representantes del Gobierno y las FARC, no pueden ser una nueva frustración para el pueblo colombiano, que todos sin ninguna excepción hemos sufrido los rigores del conflicto armando, hay que buscar soluciones que conduzcan a salir de semejante encrucijada en que nos encontramos.

Los últimos acontecimientos ocurridos, con el secuestro de dos soldados profesionales, el asesinato de dos indígenas, y el secuestro del general Álzate con dos de sus colaboradores,  son manifestaciones inequívocas, que los señores negociadores por parte de las FARC en la Habana – Cuba, no son interlocutores válidos, puesto que una cosa es lo que se conviene en la mesa de diálogo, y otra lo que ocurre con los diferentes frentes dispersos por todo el País.

Es un claro indicio como lo dijimos en columnas anteriores, que en las FARC, dadas las connotaciones del negocio del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el chantaje, no existe unidad de mando, de donde se deduce que son varios los frentes que actúan como ruedas sueltas, sin ningún sometimiento a las jerarquías que deben regir para todo su estamento subversivo.

En consecuencia, llegó la hora para que a la luz de los últimos acontecimientos, el Gobierno, tome la determinación de pararse definitivamente de la mesa de diálogos, o en su defecto reestructurar el proceso de paz, pero, a la luz de todas las falencias que se han venido presentando por parte de los guerrilleros de las FARC, con claras manifestaciones en un acta de compromiso.

Para logar este objetivo, valdría la pena que se realizara una evaluación con asistencia de organizaciones como la Cruz Roja, que goza de buen prestigio nacional e internacional, con el fin de establecer un nuevo cronograma válido para todos los frentes, abriendo un espacio para que quienes no estén de acuerdo con los actuales negociadores, lo manifiesten, y se dé paso al nombramiento de sus respectivos representantes.

El Gobierno no puede seguir permitiendo verdades a medias de los señores negociadores de la guerrilla, si realmente son los representantes de todos los frentes armados que operan en las diferentes regiones del País, pues que demuestren la forma en que recibieron este mandato, que de acuerdo a como están sucediendo los hechos, no existe.

De otro lado, las declaraciones dadas por el General (R) Jorge Enrique Mora Rangel, en el programa: Pregunta Yamid, queda claro, que su posición es la anhelada por todos los colombianos: de entrega total de las armas y desmovilización, que garantice su plena reinserción a la vida civil. 

El secuestro del General Álzate, junto con dos de sus colaboradores, aún continúa sin esclarecerse, ni el gobierno, ni las FARC, están dando una respuesta clara al País, de qué fue lo que realmente sucedió, lo único cierto es que se trata de un Brigadier General, con una hoja de vida intachable, pero, el rompimiento de los protocolos para desplazarse a una zona de influencia guerrillera en el Chocó, está llevando a los colombianos a una serie de interrogantes, que parten de lo incierto a lo obscuro, con grave deterioro para la firma del acuerdo de paz, que, en los actuales momentos, mientras subsista tal incertidumbre es imposible seguir adelante.

Los colombianos no podemos ser indiferentes ante los últimos acontecimientos, en aras de conocer la verdad de todo lo ocurrido en este último episodio debemos profundizar con mayor pedagogía sobre la cátedra de la paz, no hay que desfallecer hasta conseguirla, pero, sin humillaciones y entreguismos, todos aspiramos que las instituciones que nos han regido, bien o mal, continúen incólumes después del procesos de paz, puesto que han surgido de los aconteceres democráticos.

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