Conozco al general Alzate. No solo es un oficial serio sino tiene especial sensibilidad por los factores sociales que alimentan el conflicto y sobre los cuales medra la guerrilla para conseguir apoyo. En las zonas de guerrilla no basta con la presencia armada. Para triunfar hay que ganarse el corazón de la gente. Supongo que fueron esas las razones por las que fue designado como comandante de la fuerza de tarea que opera en el Chocó.
Ahora bien, el daño institucional que provoca su secuestro es enorme. No cabe duda de que este episodio destruye su carrera. No hay manera de que siga adelante. Su acción de ir de civil y sin escolta a la boca del lobo es inexplicable. Excepto que haya una razón muy poderosa que no conocemos y que tras su liberación la cuente abiertamente. Ojalá.
Pero el episodio muestra otras realidades. La obvia: a pesar de su compromiso expreso de no secuestrar, las Farc siguen haciéndolo cada vez que pueden. Y no distinguen militares de civiles. Van 59 secuestros reportados desde hace dos años. La palabra de las Farc no vale un pimiento.
Hay quien ha dicho que el secuestro no es culpa de la organización, sino solo del frente. El argumento es falso, entre otras razones porque las Farc se precian de ser un grupo unificado y con mando centralizado y férreo y porque el jefe de esa cuadrilla hace parte del centenar de cabecillas que se encuentra en Cuba. En cualquier caso, la argumentación de que hay frentes que operan libres, sin control de la cúpula guerrillera, es peor. En ese caso ¿a quién representan los de La Habana?
Si la palabra de las Farc no vale nada, la de Santos da pena ajena. El trino que hizo después de conocido el secuestro es de pagar escondedero. Por mucho que haya sido imprudente el general Alzate, quienes deben dar explicaciones son las Farc y no el Ministro de Defensa ni el Comandante de las FF.MM., a quienes Santos culpó y a quienes en todo caso habría que reprender en privado, si fuere el caso, y no en las redes sociales. Santos refleja su fuero íntimo: las culpables son las Fuerzas Armadas y la víctima, no los victimarios, sobre quienes no dijo ni una sola palabra hasta que, es posible imaginarlo, fue encarado por los militares en la cumbre tras el episodio. Cuando corrigió ya el daño estaba hecho.
Y si el trino es color castaño, la cosa se pone muy oscura cuando la Casa de Nariño solo reacciona frente al secuestro de un general, pero se queda impávida ante los secuestros anteriores, los dos soldados incluidos. En verdad, ya lo había dicho Santos antes: solo un acto violento contra alguien “importante” podría afectar el proceso. La vida y la libertad de los civiles y de los soldaditos y policías no valen ni la esquela de sus obituarios.
Por último, y de nuevo, desconcierta la Fiscalía. Abre investigación por “retenciones indebidas”, no por secuestro. Pero no cabe duda de que fue un secuestro. Sigue siéndolo cuando escribo, tarde del viernes. El eufemismo de la “retención”, que después copió el Presidente, es inaceptable. Quizás en la Fiscalía aleguen que el DIH no prohíbe la captura de combatientes enemigos. Es verdad. Sin embargo, para empezar, la señora Urrego, a quien también se llevaron, es civil. Y en todo caso el Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicable dice expresamente que sus normas no pueden usarse para menoscabar el deber que les corresponde a los Estados de establecer orden en su territorio y aplicar sus leyes.
En términos sencillos, el DIH acepta la muerte en combate y la captura del enemigo, pero también que tales hechos sean un homicidio y un secuestro a la luz del derecho interno. ¿Será que la Fiscalía en adelante dirá que los asesinatos de soldados y militares por las Farc son actos legítimos de guerra y por tanto no pueden penarse? ¿Les dará tratamiento de “bajas en combate”? Los mismos actos, posibles a la luz del DIH, son legítimos y lícitos para el Estado y un delito para la guerrilla. No, no estamos frente a una “retención”. ¡Lo de Alzate y sus acompañantes es un secuestro!.
