Si este proceso no consigue que las Farc dejen de amenazar, secuestrar y asesinar con sus herramientas de muerte, entonces ni hablemos.

Tras una inteligente jugada del procurador Alejandro Ordóñez, hace poco más de una semana el presidente Juan Manuel Santos asumió con él –y con el país– una serie de compromisos en materia de negociación con las Farc, incluido uno fundamental: que no habrá paz armada, que ese grupo terrorista no podrá hacer política con armas. Y tiene sentido: más que una condición sine qua non de la negociación, es uno de sus principales objetivos. Si este proceso no consigue que las Farc dejen de amenazar, secuestrar y asesinar con sus herramientas de muerte, entonces ni hablemos.

Pero ¿está el Presidente en capacidad de cumplir ese compromiso? ¿Las propias Farc están en capacidad de garantizar que todos sus frentes, en especial aquellos dedicados de lleno al narcotráfico, van a dejar ese lucrativo negocio –y las armas con las que lo ejercen– para elegir a sus comandantes a las alcaldías y al Congreso?

Pero Santos también ha dicho otras cosas. Hace algunos meses dio a entender que las Farc no dejarán las armas de manera inmediata tras la firma de los acuerdos en La Habana y que, por el contrario, hay que asumir que solo las abandonarán cuando los colombianos aprueben los acuerdos en un referendo. Y suena lógico. Si los votantes no refrendamos lo firmado, esto quedará en letra muerta y las Farc dirán que están liberadas de todo compromiso.

De modo que aquello de que las Farc no harán política con armas tiene al menos un período muy complicado: el que irá de la firma de los acuerdos a la votación del referendo. Las normas dicen que, una vez definido, el texto del referendo debe ir al Congreso para su aprobación y luego a la Corte Constitucional para que lo avale. Una vez aprobado por el alto tribunal, las autoridades electorales se tomarán algunas semanas para convocar el referendo.

Es un proceso que puede durar entre un año y un año y medio después de la firma de los acuerdos. El Gobierno quiere que ese referendo coincida con una elección como la de alcaldes (en octubre del 2015) o la del Congreso (en marzo del 2018) para asegurarse de que la votación sea alta, pues el resultado solo tendrá validez si la votación supera el 25 por ciento del censo electoral, poco más de 8 millones de votos.

Para la elección de alcaldes y gobernadores del año entrante no hay tiempo: a la negociación de los acuerdos le hace falta bastante y si después de la firma, el Gobierno, el Congreso y las autoridades electorales necesitan un año largo para sacar adelante el referendo, es evidente que este quedaría para las parlamentarias del 2018.

¿Qué pasará entre la firma de los acuerdos y esa votación? Las Farc seguirán armadas, eso está claro. ¿Se van a quedar los guerrilleros cruzados de brazos, con su fusil a las espaldas y sus explosivos encaletados? ¿Se van a pasear por donde quieran, con sus trabucos a la vista? ¿Sentirá la población de las zonas de presencia fariana que la sola existencia de esos hombres armados –si es que no hacen nada más que andar por ahí– la intimida y la obliga a votar en el referendo a favor de los acuerdos? ¿No es eso un claro ejemplo de paz armada?

Existe la posibilidad de un alto el fuego bilateral, pero como las Farc siempre han usado ese mecanismo para rearmarse, sería una insensatez que el Gobierno lo aceptara. La solución podría estar en un paso previo a la desmovilización y el desarme: la concentración de la tropa fariana en áreas definidas y bien delimitadas del territorio, como ocurrió durante algunas semanas con los guerrilleros del M-19 y del Epl, en 1989 y 1990. Pero, a diferencia de esos casos, el número de frentes y de guerrilleros para concentrar y controlar sería ahora muchísimo mayor. Y el período de concentración, mucho más largo. De cualquier modo, la votación del referendo ocurriría en un escenario de paz armada. Menudo desafío.