Aunque el proceso de negociación del fin del conflicto en Cuba está suspendido, con la confirmación plena de que las Farc tienen en su poder al general Rubén Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, y que además mantienen cautivos a los soldados Paulo César Rivera Tapela y Johnatan Andrés Díaz Franco, se plantea la necesidad de buscar un acuerdo para que los uniformados, cuanto antes, vuelvan a la libertad sanos y salvos.

Ya el presidente Juan Manuel Santos solicitó a los países garantes, Noruega y Cuba, que faciliten la búsqueda de una fórmula para la entrega de esos integrantes del Ejército. Las Farc, por su parte, dijeron estar dispuestas a explorar posibilidades de solución.

El repaso detallado de los hechos muestra que el general Alzate entró en una zona de presencia guerrillera acompañado apenas por el cabo Jorge Rodríguez Contreras, también cautivo, y un soldado que conducía la lancha y escapó, además de la abogada Gloria Urrego, coordinadora de proyectos especiales de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.

En el marco jurídico y del derecho en Colombia, los cuatro integrantes de la fuerza pública tienen la calidad de secuestrados, al igual que la abogada Urrego. De acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los militares han sido privados de la libertad por fuerzas enemigas, en el contexto de las hostilidades y del conflicto armado interno. Y la abogada es una no combatiente convertida en rehén de las Farc.

Pero más allá de las categorías técnicas de un derecho de excepción como el DIH, hay que hacer un examen de contenido político a lo ocurrido y desde el terreno humanitario: la sociedad colombiana ha manifestado, insistente, su rechazo a los secuestros de las Farc, tanto de civiles como de soldados y policías. Y demanda que esa guerrilla reduzca sus hostilidades, incluso al punto de concretar un cese unilateral permanente de sus acciones de fuerza.

Las Farc se empeñan en que una tregua debe ser bilateral, pero el Gobierno ha ratificado una y otra vez que los diálogos se adelantarán en medio de las operaciones militares. El episodio del general, los soldados y la abogada, aunque hubiere condiciones acordadas desde el inicio de la mesa en La Habana, recuerda esa “proclividad fariana” a convertir el secuestro en abominable “arma de lucha”.

No debe ocurrir que estas “reglas de juego” sirvan para excusar los constantes ataques de las Farc contra los civiles y la fuerza pública. Y mucho menos que estos episodios se conviertan ahora en una moneda de cambio para que las Farc chantajeen al Gobierno y a los colombianos.

Y aunque la mesa de La Habana tiene la tarea de circunscribirse a los puntos de la agenda pactada, las Farc podrían demostrar qué tanto han servido dos años de proceso, para hallar salidas a los problemas y crisis que trae la continuación del conflicto armado en el país.

La presencia de un grupo tan significativo de jefes de las Farc en Cuba, en especial los vinculados a los frentes del departamento de Chocó, tiene que permitir el trámite expedito del fin al secuestro de estas personas. ¿Qué les dejaron a las Farc los prolongados e inhumanos cautiverios de decenas de militares y líderes políticos años atrás? Ningún logro político. Apenas el descrédito y rechazo del país y del mundo.

Que esta sea solo una infortunada conjugación de hechos y no el secuestro indefinido de seres humanos, ni del proceso y las posibilidades de paz de los colombianos.