Certidumbres e inquietudes. Situación increíble

Los medios de comunicación -todos, pero en especial la televisión- se tornan excesivamente aburridos y sus contenidos e informes totalmente predecibles en esta época, lo que implica la pérdida del habitual interés que suscitan durante el resto del año en el público.

De antemano, sin necesidad de prender el televisor, sabemos que, aparte de las lamentables noticias de fin de año -que ojalá no fueran transmitidas, pero no por autocensura sino porque no tuvieran ocurrencia- sobre niños quemados con pólvora, accidentes por conductores borrachos, riñas, liberación de presos por extrañas decisiones judiciales y anuncios gubernamentales respecto a las inminentes alzas de precios y tarifas, se nos viene una catarata de resúmenes del año, repitiendo hasta el cansancio, una y otra vez, los acontecimientos que tuvieron lugar en esos 365  días; los personajes del año -generalmente los mismos, con algunas variaciones-; los que perdieron y los que ganaron; las premoniciones que se cumplieron y las que fallaron; las “metidas de pata” de personajes y periodistas… En fin, como en la película,  Déja vú, que en francés significa “ya visto” o “ya vivido”.

Este diciembre, sin embargo, ha ocurrido algo completamente inédito e increíble: la Contraloría General de la República, sede Bogotá -la más importante del país, toda vez que en ella está el Despacho del Contralor- (con 2.300 empleados) se queda literalmente en la calle desde el primero de enero. Además, la Auditoría, que vigila la gestión fiscal de la Contraloría, también sale del edificio. Algo que para muchos es apenas una anécdota -digna de la colección de Ripley-  pero que para el país, para el adecuado ejercicio del control fiscal y para la lucha contra la corrupción en que está empeñado el Dr. Maya, es una pésima noticia.

Salvo que lo impida a última hora una tutela -que, como bien dijo el Consejo de Estado, no tiene el objeto de resolver diferencias contractuales, pero que cuando esta columna sea publicada ya puede haber sido concedida-, el organismo de control deberá abandonar el edificio por cuyo arriendo el Estado ha venido pagando sumas astronómicas (¿$2.500.000.000 mensuales?), porque si el Contralor firma la prórroga quedaría incurso en los mismos delitos que se imputan a la excontralora Morelli.

Esto sí no se había visto. Lo que ocurre, así haya solución transitoria por tutela, es de inmensa gravedad, tanto para el prestigio y credibilidad de la institución como para la situación judicial de la exfuncionaria.

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