La justicia perdió el año

El 2014 pasará a la historia como uno de los años más críticos para la justicia. Acosada por los escándalos y por el paro más largo del que se tenga memoria (73 días), la Rama Judicial estuvo a punto de empatar ese cuestionado cese de actividades con una vacancia colectiva, que prolongará, al menos hasta la segunda semana de enero, la desesperación de miles de ciudadanos que llevan meses sin poder mover sus procesos, cobrar salarios o entablar una tutela.

Ayer, en forma más bien risible, el presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, dijo que se levantaría el paro hoy para no realizar protestas durante las vacaciones, y que este seguramente continúa el año entrante.

El cese ha afectado también a centenares de internos que cumplieron condena y no han podido salir porque no hay quien les firme una orden de salida, y ha beneficiado a los delincuentes que se han salvado de ir a un centro de reclusión porque, a pesar de que han sido capturados en flagrancia, no existe forma de judicializarlos.

Flaco favor le hacen a la majestad de la institución los que, pensando más en sus pingües beneficios, le han negado por más de dos meses al país la posibilidad de tener justicia. Hoy, según la más reciente encuesta de la firma Gallup, solo el 15 por ciento de los encuestados dice confiar en su aparato de justicia. Esa crítica realidad bien refleja el costo que le han acarreado los ejemplos, demasiado frecuentes, de magistrados que defienden sus cotos de poder y privilegios y de jueces y funcionarios que conciben el sindicalismo no como un mecanismo de defensa de los derechos laborales, sino como una extorsiva fuente de gabelas.

Se equivocan quienes sostienen que el país comprende la estrategia de negarles a los ciudadanos un derecho básico. En el mismo sentido, aquel se pregunta cómo es posible que la autoridad que debía enfrentar la crisis en primera instancia –la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura– no hayan logrado conjurarla.

El sacrificio y el esfuerzo de miles de operadores de justicia, reconocidos muchas veces en estas páginas, palidece frente a las acciones de unos pocos capaces de paralizar casi toda la administración del sector. Muchos jueces y funcionarios que sí querían trabajar fueron objeto de presiones y de actos que les impidieron cumplir con su deber. Y ante la frecuencia de los ceses de actividades –desde el 2008 se han perdido más de 150 días hábiles– vale preguntarse qué tanto se cumplen los acuerdos para reponer el tiempo perdido.

Tener jueces y fiscales bien remunerados es garantía de transparencia, pero intentar desconocer que en los últimos 20 años el Estado empezó a ponerse al día con esa tarea es mezquino, más si se revisa cómo los salarios generales de toda la Rama han crecido por encima del promedio del ingreso de los demás colombianos. Y los mayores recursos para la justicia no se han traducido en una mayor eficiencia.

El año se cierra con el proyecto de equilibrio de poderes, aprobado en primera vuelta, y con algunos avances para enfrentar las prácticas cuestionadas en las altas cortes. Pero si algo demostró el 2014 es que la reforma judicial se necesita en todos los frentes, y que un paso fundamental es revivir en todos los funcionarios y servidores de la Rama la máxima que la rigió hasta hace pocos años, que hizo de las colombianas las cortes más respetadas, y que señalaba que quienes llegan a un cargo público lo hacen para servirle a la República y no para servirse de ella.

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