Esta semana, el presidente de la República Juan Manuel Santos, planteó la posibilidad de que, en aras de llegar al acuerdo general que ponga fin al conflicto con la guerrilla de las Farc, se admita que el narcotráfico es un delito conexo al delito político. Esto permitiría que pueda ser objeto de justicia transicional y que sus responsables no puedan ser pedidos en extradición por los Estados Unidos.

Plantean quienes apoyan esta iniciativa que el narcotráfico ha sido la fuente por la cual la guerrilla se ha financiado, razón por la cual puede considerarse un delito conexo al político de rebelión de la guerrilla.

Son muchos los “sapos” que el presidente Santos le ha pedido tragarse al país para poner fin al conflicto que durante más de 50 años se ha sostenido con las Farc. Y los colombianos hemos accedido a hacerlo, conscientes de que en procesos de paz como el que se adelanta con la guerrilla es necesario ceder en puntos neurálgicos para lograr un consenso que lleve a la paz. Pero lo que pide el Presidente hoy es demasiado.

¿Cómo se va considerar un delito menor al narcotráfico, cuando ha sido este el responsable de los capítulos más dolorosos de la historia de Colombia? ¿Se olvidan acaso las décadas en las que este país y sus instituciones estuvieron de rodillas frente al poder narcotraficante, que por un momento pareció ser el dueño y señor de una nación fallida? ¿Se olvidan también los miles de hombres que han perdido su vida en la lucha que durante décadas ha sostenido el país contra el tráfico de drogas?

Pero no son solo las vidas que se han perdido. El narcotráfico nos trastornó como nación, cambió el orden de los valores sociales, y la plata fácil y la cultura narcotraficante pasaron a ser estigmas que nos ha valido el señalamiento internacional como colombianos.

No, el narcotráfico no es un delito conexo al delito político. Ha sido uno de los peores males a los que hemos tenido que enfrentarnos como nación. Y una decisión como esta permitiría que narcotraficantes se presenten ahora como delincuentes políticos.

Además, si se acepta que el tráfico de drogas es conexo al delito político, porque de allí se han financiado las Farc, tendríamos que incluir también al secuestro y a la extorsión, pues estas han sido a su vez fuentes de financiación de la guerrilla. Una propuesta a todas luces contraria a los acuerdos internacionales.

Es cierto, hay que tragarse sapos, pero no hay que olvidar la advertencia de la fiscal de la Corte Penal Internacional: la paz con las Farc no puede traducirse en impunidad para quienes durante décadas han desangrado a este país.