A diferencia de tantas voces “ilustradas” que insisten en que eso del Estatuto de Roma es un embeleco de los amigos de la guerra para obstaculizar la paz, las Farc sí se lo toman muy en serio.

Los que cierran los ojos ante tamaña evidencia proclaman, inclusive, que si se firma algo con dicha organización la Corte Penal Internacional no asumiría su competencia subsidiaria en Colombia.

Y hasta consiguen que algunos personajes internacionales, quienes no se atrevieron, ni se atreverían ahora, a recetar para sus países lo que recetan en el nuestro, vengan a pretender darnos clases.

Las Farc, por el contrario,han ido abriendo trocha para tratar de impedir que el Estado colombiano cumpla con el deber de investigar y juzgar a los autores de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

En las reflexiones sobre “la rebelión frente a la paz como derecho síntesis”, por ejemplo, afirman que las responsabilidades que tienen “no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o lesa humanidad”. Y se han esmerado para darle sustento teórico a tan falaz afirmación. Por eso dicen que “no se consideran crímenes de guerra en los conflictos no internacionales los mismos hechos que sí son considerados crímenes en caso de realizarse en un conflicto armado internacional”.

En el mismo orden de ideas notifican que no han cometido delitos de lesa humanidad porque jamás han ejecutado “estrategias de ataque generalizado contra la población civil”.

Por otra parte, califican como irresponsables a todos los que “pretenden difundir una imagen de las Farc-Ep como perpetradores de graves crímenes internacionales”, no sin antes advertir que esos son los que se proponen dificultar las conversaciones. Como si las anteriores no fueran ya suficientes evidencias acerca de las verdaderas intenciones de las Farc, en materia de justicia, es necesario recordar que, cuando la Corte Constitucional se pronunció sobre el marco jurídico para la paz, le comunicaron al país que “para los efectos de lo que se construye en La Habana, ese Acto Legislativo no existe, porque no ha sido consensuado”.

Todo lo anterior obedece, además, a que las Farc buscan que los acuerdos tengan un “suficiente blindaje jurídico” para lo cual se requiere, según sus pretensiones, el “restablecimiento del delito político como aspecto nodal de las conclusiones que debe tener el tratamiento integral y simultáneo de los temas que se comprenden en el punto 3. Fin del conflicto”.

Cuál es, entonces, la posición de las Farc?

1. No son responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esto significa que para ellos, en su calidad de inocentes, la Corte Penal Internacional no tiene nada que hacer en Colombia.

2. El marco jurídico para la paz no existe.

Lo anterior quiere decir que lo único que aceptan es su propia “juridicidad guerrillera”.

3. Los acuerdos tienen que estar blindados jurídicamente.

Es decir, que todo parte de la base del restablecimiento del delito político, tal como ya lo propuso el Gobierno al plantear su redefinición.

Las Farc, pues, sí saben lo que significa la existencia del Estatuto de Roma, pero proclaman que no tiene nada que ver con ellos, solamente aceptan su propia “juridicidad” y ya pusieron al Gobierno a trabajar en lo que consideran “aspecto nodal “ de los acuerdos.

La sociedad colombiana tiene que decirle NO a ese pretendido nivel de impunidad.