Montealegre debe dejar al Presidente y a su negociador hacer lo suyo; y él, actuar en forma silenciosa en su función de fiscal general.

Lamentable la situación a la que llegó la Fiscalía General de la Nación. En una entrevista, el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, se extralimitó en sus funciones y competencias abordando dos cuestiones que deben ameritar una reflexión sobre la posible politización que está sufriendo esa entidad.

En primer término, el Fiscal General indicó que no es necesario que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos valide los acuerdos de paz con las Farc a través de refrendación popular alguna, toda vez que considera que no existe norma constitucional o legal que lo obligue.

Del mismo modo, indicó que la ley 418 de 1997 le da las facultades al Presidente de la República para “tomar las decisiones necesarias en un proceso de paz”.

Esta manifestación del Fiscal General es una verdad a medias porque, efectivamente, no hay disposición constitucional o legal que obligue al Gobierno a hacer una consulta al pueblo sobre el proceso de paz.

Sin embargo, olvida el Fiscal que el acuerdo de paz es un acto político que seguramente tendrá consecuencias jurídicas, y que serán las partes quienes acuerden si a ese acto político –que no tiene control judicial alguno– se lo somete a refrendación popular para darle legitimidad a la salida negociada del conflicto.

Incluso, las partes podrían, en el marco de una asamblea nacional constituyente, incluir los acuerdos como un primer punto de la discusión, dejando los acuerdos en forma de normas transitorias de un nuevo texto constitucional.

Lo clave en este punto es que son el Presidente, sus negociadores y las Farc quienes deberán acordar este aspecto, no funcionarios públicos como el Fiscal General de la Nación. El artículo 4 de la ley 782 del 2002 lo recuerda. Intervenir en un tema que no le compete genera más sombras que luces en la actual negociación que se adelanta en La Habana (Cuba) entre el gobierno del presidente Santos y las Farc.

Sobre el proceso de paz, Eduardo Montealegre debe dejar al Presidente y a su negociador hacer lo suyo; y él, por su lado, actuar de forma silenciosa en su función de fiscal general de la nación.

En segundo término, el Fiscal General, en la misma entrevista, notificó por micrófono al excandidato presidencial por el partido del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David Zuluaga y al “asesor espiritual de la campaña presidencial”, Luis Alfonso Hoyos, para escucharlos sobre su relación con el hacker Andrés Sepúlveda, el próximo 30 de enero.

No es posible que el funcionario citado utilice los medios de comunicación para informar sobre la realización de actuaciones judiciales. Esta actitud desborda, incluso, el derecho de defensa de los imputados y pone de nuevo en entredicho la labor de la Fiscalía en los procesos judiciales que se adelantan contra altos funcionarios.

Estas actitudes fomentan la idea de persecución política por parte de la justicia en Colombia, y podrían abrir espacios para nuevos casos contra Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación de las garantías judiciales y del debido proceso.

La justicia es respetada en un Estado de derecho por ser un árbitro imparcial, a través de ciudadanos que la encarnan. Si la función judicial se personaliza, el Estado se diluye. Este nuevo caso nos recuerda que los funcionarios públicos ni son académicos ni son opinadores, son funcionarios públicos que deben ser esclavos de lo que dicen y amos de lo que callan, todo en el campo de sus funciones y competencias.