EL AÑO PASADO, JUAN MANUEL SANTOS nombró como gerente de su campaña presidencial en el Atlántico a un socio de Juan Carlos Ortiz y de Tomás Jaramillo, dueños del Fondo Premium, la mayor defraudación cometida en Interbolsa.
Se trata del economista Hernán Raúl Maestre Castro, primo de Maryluz Ruano Castro, la esposa de Tomás Jaramillo. Maestre afirma que no le informó a Santos sobre la conexión con los hoy reos confesos y que tampoco le preguntaron. El hecho es que quien representó al jefe del Estado en Barranquilla es socio de dos personas consideradas en ese momento captadores ilegales por la Superintendencia de Sociedades.
En 2008, Maestre y otros barranquilleros crearon la sociedad Promotora Inmobiliaria Contraste Urbano junto con Ortiz, Jaramillo y Víctor Maldonado, que aportaron la mitad del capital. Compraron un terreno de 106 hectáreas en Sabanagrande para urbanizarlo, pero al final el proyecto no se realizó y el lote se volvió de engorde. Hoy la mitad de la sociedad está embargada por el liquidador de Premium.
No es la primera vez que el nombre de Santos se acerca a Premium. Uno de los invitados a la posesión presidencial en 2010 fue Juan Carlos Ortiz. Maryluz Ruano fue asesora de su primer gobierno. Más allá de estos encuentros, que no son precisamente rutilantes, existe de parte de Santos una redomada actitud de negar su responsabilidad y la de su superintendente financiero en el colapso de Interbolsa.
El presidente insiste en que fue oportuna la actuación de Gerardo Hernández. Santos lo defendió en estos días y llamó estupidez la suspensión de diez meses que le impuso el procurador, muy rebajada de una destitución anterior más inhabilidad de 12 años. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresó su “respaldo categórico” a Hernández y anunció que sería renombrado al terminar la suspensión. El presidente de la Asociación Bancaria resaltó el “buen proceder” del superfinanciero. Todo un concierto para defender lo indefensable.
Ninguna voz independiente coincide con el Gobierno y con la zalamería de los gremios vigilados. Por una sencilla razón. Según la Corte Constitucional, la función de la Superfinanciera consiste en evitar que “los manejadores de las entidades vigiladas incurran en comportamientos criminosos, o realicen operaciones de mercado irregulares, inseguras o inadecuadas”. Esa función preventiva no se cumplió frente a Interbolsa, donde la manipulación de la acción de Fabricato se gestó a lo largo de tres años sin que la Superfinanciera aplicara a tiempo los correctivos que habrían impedido la implosión final.
Santos nombró como superintendente de industria y comercio a Pablo Felipe Robledo, que destapó los carteles de pañales, cuadernos y papel indispensable, enemigos de la libre competencia. Funcionarios igualmente destacados nombró el presidente en la Superintendencia de Sociedades: el actual, Francisco Reyes, un abogado muy respetado, y el anterior, Luis Guillermo Vélez, eficiente y eficaz ejecutivo del sector público. Pero para la Superintendencia Financiera escogió a una persona no idónea como policía del sistema financiero, aunque el Gobierno sostenga, contra toda evidencia, que “actuó de manera diligente y profesional en defensa de la estabilidad y el buen funcionamiento del mercado de capitales colombiano”.
Diligente, para el Gobierno, es pues el funcionario al que se le quiebra, durante su mandato, la firma más importante de la bolsa. En Colombia el mercado de valores es un conjunto cerrado de algo más de 20 comisionistas y una sola bolsa de valores. En la portería del conjunto debería estar el superintendente financiero para impedir que ingresen los financistas que no reúnan los requisitos de honorabilidad y moralidad que exige la ley para administrar dineros captados del público. Pero Hernández toleró que una cuadrilla especializada en autopréstamos operara en la urbanización.
Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo ya aceptaron su culpabilidad y se sometieron a la ley. Pero es injusto y facilista que paguen solamente ellos y otros personajes de Interbolsa. También tienen que responder quienes estaban por encima de ellos en la escala jerárquica, quienes les otorgaron la licencia estatal para feriar a sus anchas el dinero ajeno.
Según el ministro Cárdenas, Interbolsa era una cloaca. Pero el hedor no le llegó ni al superfinanciero ni al presidente. Tal vez por hiposmia (disminución del olfato). Los $100 millones que aportaron Rodrigo y Tomás Jaramillo a la campaña Santos 2010 (ojalá no haya sido más) exigían, para evitar suspicacias, aguzar el olfato y redoblar la vigilancia. Si el presidente hubiera sufrido de hiperosmia no se podría señalar un solo escándalo de marca mayor en sus cinco años de gobierno.
