Lo que La Habana no arreglará

No es sólo una oveja negra en la Corte, sino varios magistrados que sabían y callaron.

La mesa de La Habana entra en una etapa crítica: negociar la desmovilización efectiva de las Farc, su abandono de las armas, el retorno de los guerrilleros a la vida civil y la aplicación de mecanismos de justicia transicional que quizás libren de la cárcel a los comandantes. Supongamos que un acuerdo definitivo queda listo este año, incluidos los sapos que el país tendrá que tragarse por el alto grado de impunidad en muchos crímenes de ese grupo terrorista. Pero, aun así, imaginemos que el proceso sale adelante. ¿Será que entonces el Gobierno en particular y el país en general se deciden a enfrentar los asuntos urgentes que han quedado de lado?

Por momentos parece que para el presidente Juan Manuel Santos y para amplios sectores de opinión la mesa de La Habana fuese un curalotodo, un elíxir mágico que vaya a arreglar como por encanto todos los problemas. Pero la realidad es tozuda y episodios como el escándalo que envuelve a la Corte Constitucional obligan a poner los pies sobre la tierra.

No se trata solo de una oveja negra –el descarado Jorge Pretelt–, sino de varios magistrados más: los que sabían y callaron, y los que sabían y solo hablaron cuando era inminente el estallido en los medios. Queda la sensación de que esto es apenas la punta del iceberg. La familiaridad con que los involucrados hablan de regalos y plata en las conversaciones conocidas deja entrever que se trata de comportamientos frecuentes. Qué asco.

El Gobierno se limita a pedir la salida de Pretelt: claro, debe irse y ser procesado. Pero ¿ahí acaba todo? Cuando escribo estas líneas han pasado 15 días desde el estallido del sucio asunto y el presidente Santos no ha dicho mayor cosa. ¿Complejo de culpa? El Gobierno es consciente de su responsabilidad en la escandalosa aprobación y posterior hundimiento de la reforma de la justicia, cuando Ejecutivo y congresistas la llenaron de ‘micos’ y, asustado Santos con el Frankenstein, pidió que lo enterraran. El neto es que esa ocasión de reformar la justicia se perdió.

Si algo necesitará el país después de La Habana es un aparato judicial fuerte, confiable y respetado para lidiar con las bandas criminales que quedarán tras el fin de las Farc, y para enfrentar ese otro terrorismo que amenaza al país: la corrupción. Y un aparato judicial así de sólido es justo lo que no tenemos.

Hay otros pendientes. El desempleo (10,8 por ciento en enero, uno de los más altos de América Latina) se niega a bajar de verdad, a pesar de los malabarismos que hace el Dane al presentar cifras. Otro lío grande, relacionado con este, es el retroceso de la producción industrial. Mientras el precio del petróleo estaba por las nubes, lo de la industria se notó poco, pues las exportaciones iban al alza gracias al barril de crudo a 100 dólares. Ahora que cayó a menos de 50, hay drama: una devaluación acelerada que acerca el dólar a 3.000 pesos y una caída del 40 por ciento de las exportaciones en enero, de la que el petróleo solo es culpable en parte, lo que resulta mucho más grave. Si el crecimiento económico en el 2015 llega al 3,5 por ciento, habrá que agradecer.

Vuelvo con el pendiente de la corrupción. No se limita a las altas cortes, sino que está enquistada en la burocracia del Gobierno y es alimentada por las relaciones de este con su bancada en el Congreso. Ecopetrol acaba de ser declarado terreno fértil para la politiquería. Y ‘Ñoños’, Musas y Royes siguen mandando a la hora de imponer a sus candidatos en decenas de cargos donde alguna vez primaron los criterios técnicos de selección. Los colombianos estamos pagando las cuentas de la reelección: los caciques que inclinaron a favor de Santos la segunda vuelta están pasando –y cobrando– la factura. Todos esos pendientes están ahí. Y seguirán, pase lo que pase en La Habana.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Buscar

Facebook

Ingresar