Los torcidos de siempre

¿Alguien cree que muerto el Consejo Superior se acaba el virus que corroe la justicia?

¿Saben por qué me suena raro lo del famoso soborno? Porque si el pleito era de 22.000 millones de pesos, ni de vainas piden 500. Mínimo dos mil. Cuando compran un “negocio” (bonita palabra para referirse a procesos) hay que dar de comer a más de uno, y con 500 quedan hambrientos. Aparte del monto, tampoco cuadran los tiempos. Pudieron evitar la elección de Pretelt y no lo hicieron. ¿Solo lo denunciaron al comprender que aparecería en medios?

Aún hay demasiados cables sueltos.

Lo cierto es que en la Corte Constitucional, en la Suprema, en el Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura todos conocen la compraventa de procesos. Y la corrupción no se corta botando el sofá de los novios.

Qué más da que echen a Pretelt, Villarraga, Ricaurte, Rojas o al próximo deshonesto. Sacan a uno y meten a otro de la misma cuerda. Estas son unas altas cortes que huelen mal desde hace rato y no tienen intención de limpiarse. ¿Acaso la gente es idiota y si un 83 % desconfía de la justicia es por conspiraciones?

Repasé mis columnas y llevo desde el 2006 criticando magistrados por dejarse manosear y porque les fascinan el poder, los puestos y el billete.

El infausto paseo a Neiva para asistir a uno de los estúpidos y cursis homenajes que se rinden entre ellos no era relevante porque su patrocinador, Ascensio Reyes, estuviera o no relacionado con un narco. Lo era porque no sintieron vergüenza ni se sorprendieron de que un señor pagara todos sus gastos con su tarjeta de crédito, incluidos los del minibar de la habitación.

Por ese afán de dejarse manosear cayeron en las redes de Giorgio Sale, que los invitaba un día sí y otro también a sus restaurantes. Lástima que se llevara a la tumba secretos de sucios manejos.

Y qué decir del inefable ‘roscograma’. El presidente de la Corte Suprema, Leónidas Bustos, tiene a la esposa y a la exesposa en la Procuraduría, con salarios millonarios. O de los viajes al exterior sin justificación alguna. Luis Ernesto Vargas hizo 25 en su presidencia y María Victoria Calle (Constitucional) y Gustavo Gómez (Consejo de Estado), que son matrimonio, llevan años conociendo juntos países a costa del erario, que da viáticos de 700 dólares diarios.

Son pocos, pasados y actuales, los que pueden tirar una piedra. Jaime Arrubla, que pontifica sobre transparencia, olvida que le dio una palomita de un mes a Pedro Munar a cambio de que a él lo eligieran presidente de la Corte Suprema en propiedad. Solo era encargado, y nada que lo escogían.

Algo tendrán las presidencias, cuyo periodo es de solo un año, para que demoren meses en elegir al siguiente. Acaba de ocurrir en el Consejo de Estado. Necesitaron más de 300 votaciones hasta lograr, la semana pasada, que uno conquistara el trono. Y ni siquiera se sonrojaron.

Son órganos politiqueros, donde se libran guerras intestinas que nada tienen que ver con mejorar el sistema judicial y el interés de la ciudadanía. Mientras ellos se disputan gabelas y privilegios, los expedientes se pudren en los anaqueles.

¿Alguien cree el embeleco de que muerto el Consejo Superior se acaba el virus que corroe los cimientos de la justicia? Será peor aún, porque ponen en cabeza de los presidentes de las tres cortes, con intereses personales y políticos inconfesables, un poder casi que omnímodo. Si ahora se matan y necesitan cientos de votaciones para una presidencia, qué no harán después. Preferible lo malo conocido y corregirlo que probar nuevos engendros con infinitas trampas y los mismos torcidos.

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