Se llegó a pensar que estábamos en una crisis definitiva que obligaría una renovación total de la cúpula del Poder Judicial. Nada ha ocurrido. No hay cómo atajar judicialmente el colapso ético.

Hay que sacarle tarjeta roja al que se porta mal, dijo el presidente Juan Manuel Santos esta semana, al referirse a los escándalos surgidos en el seno de la cúpula del poder judicial.

Se entendió bien la figura usada, aunque son muy pocos los que apuestan por su aplicación efectiva. En el caso de los magistrados de altas cortes, su fuero está diseñado, al igual que el de otros funcionarios, para que judicialmente gocen de indemnidad. Que llega a ser, a la larga, equivalente a impunidad.

Sea que se investigue el caso del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, o que se active también el procedimiento establecido en la Constitución contra alguno de sus colegas o incluso contra el fiscal general de la Nación, nadie abriga la más mínima esperanza de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes llegue a alguna parte, ni esclarezca nada.

No hay en ella ni la preparación ni la respetabilidad necesarias para investigar, que es lo que le corresponde (el juzgamiento se eleva a otras instancias). Cuando no es por las pocas credenciales éticas de varios de sus integrantes, es por el evidente sesgo que algunos de ellos muestran y que les descalifica según las normas aplicables por impedimentos en materia procesal.

En la Constitución está escrito el procedimiento, pero en la realidad no hay quien, jurídicamente, saque la tarjeta roja. Con el vacío que ello abre y los riesgos de que otros asuman la facultad de árbitros, como ocurre con el fiscal Eduardo Montealegre y sus evidentes extralimitaciones en el caso concreto del magistrado Pretelt. Que paradójicamente le han servido a éste para enrocarse en su cargo, prolongando indefinidamente el daño institucional que no deja de crecer. Y que poco a poco, quiérase o no, va cobijando con sus efectos a otros jueces que apostaban a que la sola caída de Pretelt aplacaría otras preguntas incómodas.

Las cosas han llegado al punto de que los integrantes de la Corte Constitucional han considerado necesario rendir cuentas públicamente. El lunes festivo emitieron un comunicado anunciando dicho informe para el pasado jueves, y finalmente solo salieron con la lectura del listado de sentencias. Lo anunciado antes sobre las respuestas individuales de cada magistrado a “asuntos de interés público” lo dejaron para luego. Para generar suspicacias con estos aplazamientos y dudas, los magistrados no parecen tener el recato que sí se les vio en los primeros momentos del escándalo “Pretelt-Fidupetrol”.

Mientras tanto, los anuncios se suceden desde el poder Ejecutivo y de la misma Corte. Dice el presidente Santos que no habrá más cabildeo en los tribunales. Como si eso se acabara con la sola frase presidencial. Ni siquiera una ley lo acabará. El cabildeo queda a la voluntad del magistrado que no sea éticamente firme.

Y fuego del artificio sí que resultó el decreto firmado por el Presidente el pasado miércoles, supuestamente para optimizar el proceso de conformación de las tres ternas para magistrado de la Corte Constitucional que debe presentar el Presidente de la República.

En estas ternas las cosas seguirán como hasta ahora. El Presidente puede incluir los nombres que considere (Art. 3). Tanta puesta en escena y al final presenciamos otra vez el fenómeno de eficacia formal frente a la realidad del juego político, en el que no sólo el Ejecutivo sino las altas cortes han afilado sus espuelas.