La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial pide al magistrado Pretelt que renuncie. Si guardan coherencia sobre su noción de la probidad, ¿será Pretelt el único que se debe ir?

En el mundo jurídico hay que acudir a las diversas formas de interpretación de los textos que contienen las normas, para lograr una cabal aplicación del Derecho, con primacía de la razón y la justicia. La interpretación literal y la sistemática son dos de las más importantes.

También los discursos políticos admiten diversos modos de interpretación. La literal no es siempre la más acertada, así sea la que más juego periodístico reporte. En el análisis político muchas veces lo que omiten decir los gobernantes o los funcionarios en sus discursos es más relevante que lo que pronuncian.

Y eso también se aplica a la jurisprudencia, a las sentencias de los tribunales. Al excluir determinadas consideraciones en sus decisiones, se da pie a interpretaciones diversas sobre el significado y consecuencias de esas omisiones.

Dos documentos recientes, no emitidos por las cortes o integrantes suyos con valor de jurisprudencia pero sí con efectos jurídicos y políticos, admiten diversas interpretaciones según se haga una lectura literal o si se prefiere una lectura de contexto.

La carta mediante la cual el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub solicita al Senado una licencia no remunerada de dos meses para asumir su defensa, tiene un aspecto que llama la atención por la forma literal de expresarlo. Y es la interpretación literal la pertinente en su caso, atendida la condición de jurista del autor.

Se refiere Pretelt al escándalo en que está envuelto como derivado de “una afirmación injuriosa de un particular”. Saben muy bien los abogados que no es lo mismo, así tengan elementos comunes, una afirmación injuriosa que una calumniosa. Si lo dicho por el abogado Víctor Pacheco, de que Pretelt le pidió 500 millones de pesos para interceder ante otro magistrado para la resolución favorable de una tutela, es falso, dicha afirmación mentirosa constituye calumnia, más que injuria. Calumnia por lo que implica atribuirle injustamente, contra la verdad y el derecho, la comisión de un delito, en este caso concusión.

Y el segundo documento abierto a la interpretación es el expedido anteayer por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en el que los presidentes de las altas cortes y el fiscal general de la Nación, dicen tener atribuciones constitucionales para pedirle la renuncia a un magistrado, cuidándose, eso sí, de decir que lo hacen sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Pero a renglón seguido manifiestan lo más relevante: “Cuando las actuaciones de un magistrado se cuestionan seriamente, al punto que ponen en tela de juicio su transparencia y probidad, la Rama Judicial entera se ve impactada negativamente, entre otras cosas, porque ve afectada su legitimidad (…)”.

Esto parece romper la antigua tradición de separar entre las personas y las instituciones. Una acusación de venalidad contra un magistrado afecta a toda la rama, dicen sus más altos personeros, apartándose del consabido estribillo de las “manzanas podridas”. Ahora es toda la rama la que carga con las consecuencias, por un solo caso.

Tal vez se dieron cuenta de que no es un solo caso. Son muchos y en todas las instancias. Ojalá, eso sí, que guarden coherencia los señores magistrados, y comiencen por renunciar todos aquellos que de igual forma han tenido acusaciones serias sobre su probidad y transparencia.