Estado de Derecho y obligaciones internacionales

En el segundo grupo de las “inoportunas” 45 preguntas del Procurador al presidente Santos se relaciona el proceso de paz de La Habana con nuestro Estado de Derecho y con las obligaciones internacionales derivadas de tal proceso para Colombia.

El Gobierno Nacional ha señalado que el proceso de paz se adelanta en el marco del ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, pero no transcurre hoy una semana sin que el Gobierno o sus copartidarios propongan suspender totalmente la ejecución de las penas o remplazarlas con trabajo social y pedido de excusas por los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos.

Con relación a esta incoherencia entre lo señalado y lo propuesto por el propio Gobierno, le pregunta el procurador a Santos si ¿respetará el Gobierno Nacional el límite impuesto por la Corte Constitucional al prohibir que se suspenda totalmente la ejecución de la pena respecto de los máximos responsables de los crímenes aludidos?

Y continúa el procurador: ¿Respetará el Gobierno Nacional los límites fijados por la Corte Constitucional frente a la conexidad con el delito político? Y más adelante aclara mejor su pregunta, ¿cree el Gobierno que los delitos atroces, las graves violaciones a los derechos humanos, el secuestro, la desaparición y los crímenes de guerra son conexos con la rebelión?

Se teme que por la vía de considerar impunes los delitos conexos con la rebelión se aplique la prohibición de ejecutar las extradiciones vigentes y las solicitudes futuras, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución.

En relación con los criterios expresados por la fiscal ante la Corte Penal Internacional, le pregunta a Santos si acepta la necesidad de que exista proporcionalidad entre la gravedad del crimen cometido y la pena a cumplir.

Trascribo textualmente la pregunta 25. ¿Habrá pena de cárcel efectiva para alias “el Paisa” por el atentado terrorista contra el Club El Nogal? ¿Habrá pena de cárcel efectiva para alias “Pablo Catatumbo” por la masacre de los 11 diputados del Valle del Cauca? ¿Habrá pena de cárcel efectiva para los integrantes del Secretariado de las Farc por el asesinato de 119 personas en Bojayá, para no hablar de los al menos 2.760 desaparecidos por ese grupo, el reclutamiento de miles de niños y la práctica de aborto forzado en sus filas?

Pregunta, finalmente, el procurador Ordóñez si, ¿acogerá el Gobierno Nacional las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de que las leyes estatutarias que desarrollen el Marco Jurídico para la Paz se adecuen a las obligaciones internacionales del Estado colombiano? ¿Entregarán las Farc sus rutas, socios, dentro y fuera del país, en su negocio ilícito del tráfico de cocaína?

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