En pleno debate sobre el equilibrio de poderes, una de las cabezas del poder judicial parece cómplice con su silencio de un detrimento económico sin precedentes para la Nación.
Después de año y medio de haber aceptado la demanda contra la venta de Isagén, que originó medidas cautelares, y a tres semanas de su remate en Bolsa, el Consejo de Estado no resuelve de fondo sobre la causal de nulidad constitucional interpuesta contra esta injustificada expropiación de lo público.
Si la tutela del caso Fidupetrol, que tiene sumida en el desprestigio a la Corte Constitucional, discutía cerca de $30.000 millones, ¿cómo es posible que el Consejo de Estado pase de agache en un negocio que supera los $5,2 billones? Sobre todo cuando el detrimento patrimonial que tendrá la Nación está cuantificado en $300.000 millones al año por concepto de los dividendos que dejará de recibir, y un gran costo por no usar alternativas más baratas que prescindir de Isagén para financiar las necesarias obras de 4G.
A la demanda de sólo doce páginas, radicada ante el alto tribunal de lo contencioso el 16 de octubre de 2013, el Gobierno contestó para su defensa con los recursos de reposición y súplica y un incidente de nulidad que suman más de 200 páginas. Y aunque en marzo 26 de 2014 el Consejo de Estado frenó el proceso de venta con medida cautelar de urgencia, el 21 de mayo siguiente la levantó dando vía libre al proceso.
Increíblemente no tenemos pronunciamiento del Consejo de Estado en tan delicado tema, a lo cual cabría una “tutelatón” para proteger el derecho fundamental a una pronta justicia y para que la arbitrariedad que se consumaría con la venta de Isagén se detenga, ante la falta de otra alternativa jurídica.
Este perjudicial silencio del Consejo de Estado no es sólo sospechoso, ya tipifica un oneroso prevaricato por omisión. Y si se concreta la privatización sin pronunciamiento de fondo, ya el juez se vería inducido a validar el procedimiento de venta, so pena de ser sujeto de un juicio fiscal por su demora, con lo que un fallo a favor del Gobierno, posterior a la privatización de Isagén, estaría claramente viciado. ¡Qué vaina con nuestra justicia!
