Hay quienes lo descalifican por sus simpatías juveniles con el comunismo y, sin embargo, son muchos quienes cometieron esos pecados de edad. Hay quienes le critican que en tiempos de austeridad haya comprado un Lear Jet, avión de lujo de más de 25.000 millones de pesos que no puede aterrizar sino en unos muy pocos aeropuertos en el país, pero hay otros en la administración pública que también despilfarran. Hay quienes no le perdonan haber sido un instrumento del Presidente durante la campaña electoral, para alterar el normal transcurso de la contienda y favorecer a Santos que había perdido de manera abrumadora la primera vuelta, aunque en esa canasta cabrían también otros, incluyendo muchos medios y periodistas enmermelados. Hay quienes le critican poner a los funcionarios de su entidad a defenderle la “papita” en el Congreso para cuando ya no esté en el cargo, pero no sería el primero que usa su puesto para defender los intereses propios. Y hay quienes encuentran inaceptable que sea el martillo que persiga, sin pausa ni descanso, a la oposición democrática y civilista mientras que, por el otro lado, se empeña una y otra vez en que los responsables de crímenes internacionales de las Farc resuelvan sus culpas y responsabilidades con “trabajo social”, pero muchos lo justifican sobre la base de que “su posición contribuye a la paz” con los grupos guerrilleros.
Pero si hay controversia sobre la gestión y las posiciones del Fiscal General de la Nación, hubo consenso en que sus declaraciones a Yamid Amat en El Tiempo son inaceptables. Como resultado, en un gesto que hacía lustros no se daba en la política colombiana, todos los partidos con representación en el Congreso, desde los de la gubernamental Unidad Nacional hasta la oposición, con la significativa excepción del Polo, expidieron una declaración rechazando de plano lo dicho por Montealegre.
Un rechazo que no provino de la reiteración del afán del Fiscal, que tiene por función perseguir el delito y acusar al delincuente, de que los crímenes de las Farc, aun los más horrendos, queden en la impunidad (“si el precio de la paz que debemos pagar los colombianos es que los insurgentes no paguen con cárcel sus crímenes, habrá que pagarlo” y “la Constitución actual permite penas alternativas diferentes a privación de la libertad, aun para los casos de graves violaciones a derechos humanos”), sino de su furibunda arremetida contra el Congreso y las contradicciones implícitas de esa posición.
En efecto, Montealegre sostiene que “no es conveniente eliminar la intervención del Congreso dentro del proceso de determinación de responsabilidades penales sobre altos funcionarios del Estado”, es decir, defiende que se mantenga la investigación y juzgamiento por el parlamento del fiscal y de los magistrados de las cortes, a través de la Comisión de Acusaciones, y al mismo tiempo lo descalifica para reformar la Constitución y crear un tribunal de aforados que sustituya a la citada Comisión porque ese legislativo, según el Fiscal, no tendría “independencia e imparcialidad” puesto que el mismo “tiene rezagos de 56 o más parlamentarios que condenó la Corte Suprema por parapolítica”. En otras palabras, el Congreso es bueno para mantener la competencia de juzgar a los magistrados y al fiscal, cosa que en realidad nunca ha hecho, e ilegítimo para hacer la reforma constitucional de equilibrio de poderes. Según el Fiscal, tal cosa constituiría una “sustitución” de la Constitución y, por tanto, un vicio en virtud del cual la reforma debería caerse.
Sin embargo, no sobra recordar que ese Congreso que deslegitima Montealegre y que según él no puede acometer la reforma constitucional, es el mismo al que aplaudió por tramitar la reforma a la Fiscalía que aumentó de manera sustantiva el poder del Fiscal General, es decir su poder, y el que por su solicitud le aprobó un multimillonario presupuesto y una nómina jugosa por donde transitan parientes de todo tipo de jueces y dirigentes políticos, según denunciaron magistrados de la Constitucional. Un Congreso bueno para fortalecerlo y aumentar su poder burocrático, pero ilegítimo para la reforma de equilibrio de poderes.
Una contradicción aun más grave está en que el Fiscal, al mismo tiempo que arremete contra el Congreso por intentar una reforma constitucional que corregiría algunas fallas de la justicia, sostenga que esas modificaciones deben hacerse en una asamblea constituyente de la que, dice él, deberán formar parte los guerrilleros. Así que para Montealegre los congresistas no tienen autoridad para reformar la constitución y en cambio los criminales de las Farc, que según él no deben pagar cárcel por sus delitos, por horrorosos que ellos sean, sí tienen la legitimidad para hacerlo. Si eso lo dice el Fiscal General, ¿alguien duda de porqué estamos como estamos?.
