Si Santos divulga propuesta de justicia transicional, probaría que Farc dicen no a algo generoso.

La mesa de La Habana no muestra avances significativos desde hace un año. Lo dijo el sábado 23 el presidente Juan Manuel Santos, cuando instó a las Farc a acelerar la negociación y concluir pronto, con los delegados del Gobierno, el acuerdo definitivo. Sabe el Presidente que el respaldo de opinión se agota y que si los diálogos siguen a ritmo de tortuga, los colombianos terminarán por darle la espalda a un esfuerzo que, sumados los meses de exploración, va para cuatro años.

En un intento por destrabar las conversaciones, Santos envió a La Habana a la canciller María Ángela Holguín para que les explique el grado de blindaje que ‘Timochenko’ y sus secuaces tendrían si firman un acuerdo, en caso de que, por ejemplo, la justicia de Estados Unidos los persiga por narcotráfico, o los tribunales internacionales los busquen por crímenes de lesa humanidad.

No sé bien qué puede decirles la Canciller, pero en fin. Los jefes de las Farc se resisten a ser procesados por mecanismos de justicia transicional, a pesar de que así pagarían muchísimo menos pena –incluso, no irían a la cárcel, pues habría penas alternativas a esa– de la que merecen por haber cometido –al igual que los paramilitares– algunos de los peores crímenes de la historia del país.

Los comandantes guerrilleros quieren la misma asamblea constituyente que plantearon hace pocos días el fiscal Eduardo Montealegre y la exsenadora e interlocutora privilegiada de las Farc, Piedad Córdoba. Buscan que una constituyente los vacune contra la extradición y los gradúe de ciudadanos sin cuenta pendiente con la justicia, un perdón general que borre su pasado criminal y les permita, sin transición judicial alguna, ir al Congreso, a las alcaldías y gobernaciones y hasta a la Presidencia.

¿Va a acceder Santos a eso? Muchos creen que sí; yo me resisto a creerlo. Aunque algún asesor del Presidente le sugiere que pacte con los sectores de izquierda para recuperar iniciativa y respaldo de opinión –como ocurrió cuando la reelección se puso cuesta arriba–, no veo a Santos pasándose por la faja las que él bautizó como “líneas rojas”, la principal de las cuales era no otorgarles a los comandantes amnistías generalizadas.

Si es verdad que el Presidente no va a ceder, en todo caso tiene que recuperar la iniciativa y sacar el proceso de la parálisis. Una movida interesante puede ser divulgar la propuesta de justicia transicional que los delegados del Gobierno plantearon en La Habana. Semejante destape de cartas pondría en evidencia, ante la opinión criolla e internacional, que los comandantes le están diciendo que no a una oferta muy generosa.

Ese paso podría despertar críticas por la violación de la reserva de la mesa. Pero lo cierto es que parte de la propuesta del Gobierno ya se conoce y tiene que ver con que las Farc acepten el principio de justicia transicional, a cambio de obtener mucha flexibilidad en las penas.

Pero, además, la divulgación formal de la propuesta del Gobierno podría ser pactada con los jefes de las Farc, diciéndoles que ellos también revelen su propuesta de justicia –o más bien de cero justicia–. Aparte de darle claridad a la mesa y atajar así el río de rumores sobre infinitas concesiones al grupo armado, es seguro que amplios sectores de la comunidad internacional se volcarían sobre las Farc para presionarlas a aceptar algo tan generoso. La movida tiene riesgos, pero no mayores a los que conlleva el inexorable languidecer que soporta hoy el proceso y que puede conducirlo, pronto, a la condición de enfermo terminal.

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Mataempleo. Hace seis meses escribí que la reforma tributaria, que golpeaba tan duro a las empresas, mataría empleos. El viernes, el Dane lo confirmó: en abril, el desempleo, que llevaba años bajando, subió de 9 a 9,5 por ciento.