Por ese camino, vamos hacia la impunidad, al igualar a los criminales con los ciudadanos y a una organización criminal con las instituciones democráticas.

Para que una comisión de la verdad pueda servir a la paz y a los derechos de las víctimas debe ser auténticamente independiente, imparcial y autónoma. Tales atributos se derivan de los mecanismos mediante los que se conforma, el mandato que se le otorga y los controles democráticos a los que se someta su adopción. En estos aspectos, el Acuerdo tiene muy graves problemas.

Por ejemplo, los miembros de la comisión serán elegidos por las Farc y por el Gobierno a través de un comité de selección. ¿Qué derecho tiene la guerrilla para imponerlos? Si no es razonable dar ese poder a las Auc o a agentes estatales que delinquieron, ¿por qué sí concederlo a ‘Timochenko’? ¿Por qué a un aparato armado no disuelto? ¿Cuál independencia? ¿Cuál autonomía?

Respecto al mandato, ya tenemos la nefasta experiencia de la Comisión Histórica y de las Víctimas. Esa instancia, manipulada y manoseada hasta la saciedad por las Farc, produjo una serie de informes que, con excepción de uno, obedecieron a un guion predeterminado que responsabiliza al Estado de la violencia. Ahora, en el mandato se obliga a que esos documentos sean el “insumo básico”, esto es, el fundamento o la base que sustente las investigaciones que lleve a cabo la Comisión de la Verdad. Una camisa de fuerza que genera el gravísimo riesgo de que la “verdad” sea la que quieren los victimarios. ¿Cuál imparcialidad? ¿Cuál autonomía?

Tercero, el Gobierno, durante tres años, insistió en que la negociación se adelantaba dentro de la Constitución y del Marco Jurídico para la Paz. Cuando las sentencias de la Corte Constitucional le imponen límites a la impunidad, quieren desconocerlo. La intención es clara: impedir que el Congreso regule la comisión y evadir el control constitucional que tienen las leyes.

Tampoco lo acordado contribuye genuinamente a la verdad, ni a la justicia. A pesar de lo repetido por el Gobierno, no existe en el Acuerdo una sola sílaba que obligue a los victimarios a decir la verdad y solo la verdad ante la comisión, respecto a las atrocidades, como requisito para acceder a penas alternativas; ni se exige sincero y público arrepentimiento.

La comisión quedó hecha a la medida de las Farc. Consecuencia de una “verdad negociada”, en conjunto, el Acuerdo revela más una preocupación por absolver victimarios que por satisfacer derechos de las víctimas. Gobierno y Farc parten de una visión compartida de la violencia y de un metarrelato sobre el conflicto que supone “causas” y “responsabilidades colectivas”. Esas conclusiones deben ser resultado de los trabajos de la comisión, no puntos de partida que supeditan su independencia e imparcialidad.

Además, se busca imponer una verdad oficial que reconoce que la responsabilidad es de toda la sociedad y el Estado. Se quiere culpar a todos para exculpar a las Farc. Por ese camino, vamos hacia la impunidad, al igualar a los criminales con los ciudadanos y a una organización criminal con las instituciones democráticas. Para completar, la “verdad oficial”, la “verdad negociada” la quieren implantar en las mentes de los niños y jóvenes a través del pénsum académico. No menos grave es que el Acuerdo sugiere que las recomendaciones serán vinculantes, con lo que se abre una puerta trasera para la reestructuración del Estado y de las Fuerzas Armadas; finalmente, dicen, son los responsable de la barbarie, no las Farc.

Como lo señalé al Presidente de la República, en agosto del 2014, “la verdad no se negocia, al igual que no se negocian los derechos de las víctimas”. Es conveniente que se consideren las 13 garantías propuestas por la Procuraduría y que el alcance de la comisión sea objeto de un pacto para la paz.